Jorge Ortiz Arévalo, administrador único de la Cooperativa de Consumo Tablajeros La Unión denunció irregularidades en la suspensión que realizó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en dicho inmueble.

“El oficio de la inspección venía dirigido al Ayuntamiento, cuando saben que soy yo el que tiene el comodato del rastro de Tapachula, además ese día aunque yo estaba presente no quisieron que se realizara conmigo y realizaron la inspección con otra persona. No me dejaron copia, así que ni siquiera sé el porqué de la suspensión, por eso ya fui al Ayuntamiento a pedirle a la Secretaría de Servicios Públicos para que me haga llegar las copias de la suspensión”, declaró.

REPRESALIAS

Ortiz Arévalo, dijo que la suspensión podría ser una represalia, pues en días anteriores exigió la intervención de la Cofepris para clausurar los rastros clandestinos, que según un estudio de la Fiscalía Especializada en el Delito de Abigeato las matanzas se realizan en los municipios de Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Ciudad Hidalgo.

“No sé ni de quién defenderme, la verdad el daño se lo están haciendo al pueblo porque le quitan el derecho a la salud, ya que no se sabe qué tipo de carne se consume. Además, están dejando sin sustento a 42 familias que trabajan directamente en el rastro, más 200 familias que indirectamente se ven beneficiadas.

Nosotros queríamos proteger a la gente de Tapachula, dar mejor servicio y eso fue lo que al parecer les molestó, quizás les conviene que se siga matando ganado enfermo”, concluyó.

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