Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 29 Julio.- Con un rechazo unánime al neoliberalismo como política pública por la amenaza que representa para los pueblos originarios, culminó El II Encuentro Nacional por la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas de México en el municipio de Oxchuc donde acudieron representantes comunitarios de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Estado de México, entre otros.
Los representantes de los pueblos originarios hicieron un llamado al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que defina una política de Estado que revise la legalidad de las empresas extractivistas, despliegue una estrategia de defensa de los territorios indígenas y pugne por autonomía y libre determinación de esos pueblos.
Asimismo convocaron a los pueblos originarios del país a continuar la defensa de los recursos naturales. “El planeta tierra lo tenemos prestado, y está bajo nuestra responsabilidad mantener la vida”, manifestaron.
En un pronunciamiento, alertaron que las petroleras, las mineras y todas las empresas extractivistas, “que nos despojan” del agua, biodiversidad, y de nuestros territorios,” constituyen una amenaza para nuestros pueblos”, por ello es importante que el próximo gobierno revise la legalidad de dichos consorcios en defensa de los territorios indígenas.
Por ello, exigieron al Ejecutivo y Legislativo locales a sumarse a la agenda de López Obrador en la libre determinación y autonomía indígena y que además armonicen la Constitución y las leyes necesarias, con la “Declaración de la ONU” y las leyes federales.
De manera especifica demandan, se reforme el artículo 7 de la Constitución Política de Chiapas para incorporar el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos, así como las leyes electorales y se reconozca la opción ciudadana de elegir a sus autoridades municipales de manera apartidista.
En el Encuentro donde participaron María Luisa Albores, próxima titular de la Secretaría de Bienestar, Jesús Ramírez Cuevas, futuro vocero de López Obrador, y Adolfo Regino Montes, próximo responsable de la oficina de Pueblos Indígenas de México, los participantes refrendaron su repudio a las fuerzas partidistas y su injerencia en comunidades y municipios.
Los partidos políticos aseguraron, “han dividido y fragmentado nuestros pueblos, porque fomentan la corrupción social y “debilita” el derecho popular de decidir la vida política y modos de vida”.
Por ello solicitaron al gobierno de Manuel Velasco que respete la autonomía de los municipios de Sitalá, Chilón y Oxchuc, y que colabore para facilitar los procesos de consulta, que sea coadyuvante y no factor de obstrucción, en lograr que estos pueblos elijan por sistemas normativos propios.
En su mensaje pidieron también al gobernador electo Rutilio Escandón que se ciña a la política de López Obrador, para que se realice “su compromiso de absoluto cumplimiento” a los Acuerdos de San Andrés, suscritos en 1996 entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Asuma también los tres principios del próximo presidente de la República: “ no mentir, no robar y no traicionar”, lo cual podría suceder si el gobierno de Chiapas incumpliera con los derechos de los pueblos indígenas, o no coadyuvara con los derechos de los pueblos, en particular con los procesos iniciados de Oxchuc, Sitalá y Chilón.
Los asistentes ratificaron su apoyo solidario a la lucha por la autonomía política de Oxchuc, al cual, no obstante que “le asiste el derecho”, ganado desde los tribunales, a gobernarse mediante sus usos y costumbres, el gobierno estatal, a través del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha negado su derecho reconocido judicialmente. Por el contrario ha ejercido represión en contra de ellos, denunciaron.
Al rechazar el uso de la violencia “desplegada por grupos partidistas” que amenazan a la población de Oxchuc para debilitar su resistencia, exigieron se aclaren legalmente los hechos del ataque armado contra Comisión Permanente por la Paz y la Justicia de Oxchuc, el 24 de enero de este año.
En consecuencia demandaron al gobierno de Velasco Coello que ejecuten alrededor de 80 órdenes de aprehensión en contra de los agresores, que permanecen libres y que “impunemente continúan amedrentando a la población”.
Al encuentro asistieron integrantes del Consejo Mayor de Cherán, Michoacán, Kery Víctor Hugo Campanur Sixtos, del gobierno comunal y el abogado comunitario Orlando Aragón Andrade; acudió también el abogado comunitario Manuel Velázquez Quintero, por el consejo municipal comunitario de Ayutla de los Libres de Guerrero, al igual que Mario de Jesús Pascual, representante constitucional ante el ayuntamiento de Almoloya de Juárez, Estado de México.
Juan Gabriel Méndez López, abogado indígena, de Oxchuc, el alcalde de ese municipio, Óscar Gómez López y Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de lugar. Se sumaron representantes de Chilón, Sitalá, Las Margaritas y Chalchihuitán.
