Fraccionamientos fraudulentos en Chiapas

Columna /  Héctor Estrada

Los vicios, trampas y vacíos jurídicos dentro de la autorización, construcción y comercialización de fraccionamientos en Chiapas mantienen hoy a miles de familias metidas en serios problemas debido a graves deficiencias en el suministro de servicios públicos tan esenciales como el agua potable. 

Se trata de viviendas que se comercializan sin que la autoridad municipal respectiva se haga responsable del buen funcionamiento urbano de lo que finalmente permitió vender.

El caso más reciente es el del Fraccionamiento Orquídeas, construido por la desarrolladora “Casas Sauces”, del empresario Ricardo Fentanes. El conjunto habitacional de más de 200 viviendas (en una primera etapa) fue vendido y entregado a sus respectivos propietarios bajo el tramposo argumento de que se encontraba con las “obras de urbanización” concluidas al cien por ciento; sin embargo, el complejo contaba con serios vicios ocultos.

Lo que Ricardo Fentanes no dejó en claro a los compradores es que la red del suministro de agua potable sólo estaba garantizada para 50 de las 200 viviendas contempladas, y el resto tendría que esperar a la ejecución de una nueva obra para acceder a este servicio básico con “normalidad”. Por eso este fin de semana la inconformidad de las familias finalmente se hizo pública con una denuncia ante medios de comunicación.

En voz de Gaspar Romero, como uno de los vecinos afectados, las familias habitantes del Fraccionamiento Orquídeas expusieron la problemática que hoy mantiene a 150 viviendas sin servicio de agua potable; obligándolos a realizar gastos adicionales con la compra constante de agua mediante pipas. Agua que, debido a las condiciones de extracción, no garantiza la sanidad y calidad para el uso doméstico.

Se trata, sin duda, de un problema que no deberían estará padeciendo al tratarse de un fraccionamiento desarrollado bajo los lineamientos establecidos por la “Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de Chiapas”; una normativa que debería garantizar a la población viviendas de calidad con todos los servicios básicos de fondo y el aval del municipio en caso de cualquier deficiencia… Pero lamentablemente las cosas no suceden así.

Y los ejemplos han desfilado uno tras otro con el paso del tiempo. Los más recientes y escandalosos son los de Real del Bosque y Bonanza en Tuxtla Gutiérrez y Casas Geo en Chiapa de Corzo, donde los desarrolladores vendieron y entregaron viviendas sin haber sido concluidas las obras de urbanización y el proceso de municipalización. Entregaron pues fraccionamientos sin redes de agua potable, drenaje y alcantarillado terminadas, sin su respectiva conexión final a las redes municipales. Todo ante mirada omisa de las administraciones en turno.

Se trata a todas luces de un fraude flagrante. Y es que, la “Ley de Fraccionamientos y Conjuntos Habitacionales para el Estado y los Municipios de Chiapas” establece claramente que para tramitar u obtener la autorización de comercialización, el desarrollador deberá contar ya con: “el aviso de terminación de las obras de urbanización, concluida al 100% de acuerdo a la licencia de urbanización expedida; la constancia de funcionalidad de la red de alumbrado público, expedido por la autoridad correspondiente”.

De igual forma: “el acta de entrega recepción de la red de agua potable y alcantarillado, suscrito por el desarrollador y el órgano o entidad municipal operador del sistema de agua potable y alcantarillado, concluida al 100% de acuerdo al proyecto ejecutivo autorizado; y el acta de entrega recepción de la red de energía eléctrica, suscrito por el desarrollador y la Comisión Federal de Electricidad, concluida al 100% de acuerdo al proyecto ejecutivo autorizado”.

El vacío legal o vicio oculto en este sentido tiene que ver justamente con el proceso de municipalización. Aquí es donde la autoridad municipal ha sido tramposa, dejando la responsabilidad absoluta a los compradores de vivienda. Pues como la ley en la materia no lo establece de manera clara, finalmente la municipalización o entrega del fraccionamiento al municipio no es obligatoria antes de la comercialización, abriendo un campo de oportunidad para que los desarrolladores entreguen fraccionamientos con servicios básicos inconclusos.

No existe acompañamiento ni información oficial para cuidar los intereses de los ciudadanos involucrados en la compra de viviendas de interés social. No se vigila de cerca el funcionamiento de las empresas desarrolladoras tramposas que, ante el desconocimiento absoluto del comprador, consuman contratos fraudulentos. La autoridad se ha vuelto cómplice de prácticas anómalas que terminan dejando en aparente indefensión a los beneficiarios de un crédito hipotecario. Al final de cuentas la empresa entrega las llaves de la vivienda hasta recibir el pago completo por la misma, provenga de donde provenga (Infonavit, ISSSTE o Institución Bancaria).

Es el comprador quien siempre termina perdiendo ante una cadena de trampas y omisiones solapadas por las autoridades encargadas de garantizar que la vivienda cumpla con todos los mínimos estándares requeridos. Se trata de un negocio redondo lleno de corrupción que no puede seguir sucediendo. La necesidad de abordar el tema y legislar al respecto para poner los candados necesarios es un asunto de urgencia para Chiapas donde de plano el “horno ya no está para bollos” … así las cosas.