En la Mira / Héctor Estrada
Ha pasado más de un año desde que familiares de docentes fallecidos denunciaron el fraude cometido por la empresa contratada por la Secretaría de Educación en Chiapas para administrar y pagar el dinero destinado a los seguros de vida magisteriales, sin que hasta la fecha la dependencia estatal haya resuelto el desfalco que asciende a varios millones de pesos.
Según información de la Secretaría General de la Delegación de Jubilados y Pensionados de la Sección 40 de la SNTE, la empresa “Thona Seguros” se ha negado reiteradamente a pagar los seguros de vida que corresponden a los beneficiarios de los docentes fallecidos. Se trata, en la mayoría de los casos, de trámites que llevan más de cuatro años detenidos debido a innumerables excusas.
Y la molestia magisterial no es para menos. Los problemas se gestaron desde que la Secretaría de Educación en Chiapas (SECH) autorizó de manera unilateral el cambio de empresa administradora de seguros, pasando los fondos millonarios de la empresa Metlife a Thona Seguros que se constituyó hace apenas de cinco años.
Thona Seguros comenzó sus servicios como aseguradora de vida y accidentes justo durante los primeros dos años de las actuales administraciones federal y estatal, obteniendo en muy poco tiempo la administración de millonarios fondos como los de la Sección 40 que genera aportaciones quincenales de más de 4 mil docentes.
Pero el currículo de la aseguradora va más allá. Thona Seguros tiene registro de denuncias en entidades al norte del país. Previo a la asignación de los fondos docentes en Chiapas ya había sido señalada por diversas irregularidades en el manejo financiero y el cumplimiento de los contratos. Pero nada de eso importó a las autoridades educativas en Chiapas a la hora de asignar la administración de los fondos.
Actualmente la empresa aseguradora argumenta que por ser nueva administradora desconoce la situación de los fondos administrados previamente por Metlife, mientras la SECH simplemente se han negado a rendir explicaciones convincentes sobre un asunto que sólo le corresponde esclarecer a esa dependencia estatal.
El problema que estalló en manos de Ricardo Gordillo hoy parece ser ignorado por Roberto Domínguez Castellanos bajo un silencio sospechoso. La Secretaría de Educación ha callado en torno al tema, pese a la gravedad que implica la “desaparición” de millonarios recursos que simplemente no aparecen en la cuentas de ninguna de las partes involucradas.
Urge un posicionamiento de las autoridades educativas respecto a una situación que ya suma más de 80 denuncias formales en Chiapas. Domínguez Castellanos y su equipo de trabajo deben esclarecer el estado real de la problemática y, en su caso, denunciar a los posibles responsables directos del desfalco o fraude millonarios a los fondos docentes.
Se trata de un tema que no puede pasar desapercibido y requiere de responsabilidades perfectamente identificadas. Las familias defraudadas tienen el derecho absoluto de recibir las garantías pagadas por sus familiares durante toda una vida de trabajo. Es un menester que no puede estar a discusión o tela de duda para una dependencia ya tan enlodada y señalada como la Secretaría de Educación en Chiapas… Así las cosas.
