El muro empieza en el sur de México 

La frontera entre México y Guatemala, de unos 1.000 kilómetros de longitud, a la altura de Tecún Umán, es un río marrón que durante el estiaje lleva agua hasta las rodillas y se puede cruzar caminando, sin preguntas ni papeles, junto a la garita aduanal.

Sin embargo, a Carla, después de tres intentos para llegar a Estados Unidos, dos hijos y una violación, le han quitado las ganas de volver a pasar por México y prefiere seguir poniendo cervezas en el lado chapín, como son conocidos. Se quedó sin dinero -y casi sin matriz- pero atiende mesas con más hombría que los rudos muchachos que beben al sol y los policías que la violaron.

A unos metros de ella, Josué, también hondureño, se arrastra sobre los muñones de la rodilla cerca del río.

En este punto, el lado guatemalteco de la frontera es un tramo de tierra donde conviven comerciantes que van de orilla a orilla, coyotes, migrantes, prostitutas, vecinos, cambistas, tricicleros y un espontáneo que arranca la piel a un tlacoache recién cazado, ante la mirada de todos los anteriores, que siguen el despelleje como un espectáculo de un circo.

“El hijueputa tren”, dice Josué sobre al accidente que le dejó sin piernas hace seis meses cuando intentó subirse a La Bestia, que recorre el país de sur a norte por el Golfo de México.

“Me agarré al vagón pero tropecé y caí bajo las ruedas. Al principio no me di cuenta, ni dolor sentía, pero cuando quise levantarme vi las dos piernas como por allí tiradas”, detalla señalando al aire. Según la Cruz Roja, cada año 37 personas pierden alguna extremidad intentando subir al tren.

Josué aprendió en el hospital de la localidad Gómez Palacio, por boca de otro mutilado, que la mejor técnica para subir es acompañar a la carrera el tren y utilizar los dos brazos para agarrarse al vagón y poder saltar sin ser arrastrado. Pero eso lo supo después.

Ambos, Carla y Josué, han quedado atrapados al otro lado del invisible muro sur.

La intensa vigilancia policial, La Bestia, los cárteles, las redes de trata y las deportaciones son los ladrillos de un ‘muro’ virtual, que se levanta a 3.000 kilómetros al sur del que quiere construir Donald Trump.

“El muro que temen los migrantes es México, no el de Trump”, explica Mario Hernani coordinador de la casa del migrante de Tecún Umán, último municipio de Guatemala. “Todos los que emprenden el camino saben que van a ser asaltados, extorsionados o violados, principalmente por las autoridades”, añade.

Según la Red de Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem), que entrevistó a más de 30.000 migrantes acogidos en su red de albergues, casi la mitad de los delitos contra ellos en 2015, fueron cometidos por policías (41%) y el resto por el crimen organizado y la delincuencia común.

Algunos expertos creen que el muro de Trump, aunque es un agravio diplomático y una ofensa entre países vecinos, no supondrá, en el fondo, un gran cambio para México.

Los más afectados serán los migrantes irregulares ante un posible efecto llamada, en previsión a un endurecimiento de las políticas migratorias de EE. UU. Cada año transitan por México 400.000 personas, principalmente centroamericanas, con menos de 60 dólares en el bolsillo, que participan de un éxodo silencioso que huye de la violencia.

Marcelo, de 36 años y Nancy, de 20, salieron corriendo de El Salvador el 4 de enero cuando un tipo de la Mara-Salvatrucha, la pandilla más numerosa del país, apareció en su casa, golpeó con la culata de la pistola en la puerta y les dio 24 horas para dejar su hogar. Era la última advertencia. Querían que Nancy empezara a trabajar para ellos.

El día de Reyes, nada más atravesar el río y pisar suelo mexicano, les robaron el dinero y los viejos celulares que llevaban.

Un mes después de aquello, sentados en el modesto patio de un albergue de los escalabrinianos, eso de ‘efecto llamada’ les suena demasiado sofisticado.

“No, ni madres, yo me fui de El Salvador por miedo y no por el muro, porque la MS me iba a hacer pedazos al día siguiente”, asegura Marcelo agarrado a la mano de su novia. “No sé si habrá muro o no, pero tenía que salir ya”, dice mirando al suelo.

Al ‘efecto llamada’, la Agencia para los Refugiados (ACNUR) y la red de albergues y organizaciones que trabajan con migrantes contraponen desde hace años otro concepto: crisis humanitaria.

Los últimos seis años las peticiones de asilo en México han crecido más de un 1000%. La curva ha pasado, de unos pocos cientos de casos en 2011, a casi 9.000, cinco años después, según ACNUR. Y prevén el doble el año que viene.

Más del 90% de esas solicitudes provinieron de personas del triángulo norte de Centroamérica-Honduras, El Salvador y Guatemala-, que huyen de ciudades como San Salvador (El Salvador) o San Pedro Sula (Honduras), consideradas entre las más violentas del mundo. La Agencia de Naciones Unidas compara la situación actual con el éxodo de centroamericanos durante las guerras de los años 80.

La respuesta de México ha sido reforzar el presupuesto para la detención de migrantes y refugiados con la implementación del ambiguo Plan Frontera Sur, firmado en 2014 en el marco del plan Mérida, que prevé la colaboración con EE UU. para el combate al crimen organizado. Desde entonces se ha multiplicado el número de detenciones y deportaciones.

Barack Obama fue el presidente que más migrantes deportó, 2’8 millones de personas entre 2008 y 2016. Sin embargo, México ha tomado el relevo como gendarme del sur y los dos últimos años superó a EE UU. en número de expulsiones. El año pasado EE.UU. deportó a 96.000 migrantes frente a los 147.000 de México, a un ritmo de 293 diarios, según cifras oficiales.

Sin embargo, mientras que el 60% de los deportados por EE.UU. han cometido algún delito, en México, muy pocos de los expulsados tenía antecedentes penales. Según la Cruz Roja la detención debe ser “una medida excepcional” y recuerda que sigue dándose casos “de detención sistemática de personas migrantes” señala Oliver Francis Coordinador del Programa de Migración de CICR para México, Centroamérica y Cuba.

“México está haciendo el trabajo sucio de EE. UU., eso es lo que le encargaron y lo está cumpliendo a la perfección” dice Cristóbal Sánchez, activista en defensa de los migrantes de Tapachula.

Paralelamente México tiene una tasa de reconocimiento a refugiados del 64%, un dato elevado en comparación con otros países y que recuerda la mejor vocación de acogida, especialmente con españoles y centroamericanos durante los años de guerra civil.

Acobardados por el delicado momento en que llegan a Tapachula, Marcelo y Nancy, están a la espera de tramitar sus documentos como refugiados mientras esperan en el albergue Belén antes de volver a la ruta.

“Quiero llegar a EE UU. y si no es posible estaría contento en México. Pero no en Tapachula, aquí tengo miedo”, lamenta en referencia a la policía y al clima hostil contra ellos. “Nos han llamado rateros, secuestradores, delincuentes, mareros..” explica desconcertado. La pareja salvadoreña tuvo la mala suerte de llegar a la ciudad durante los saqueos en protesta por el aumento de la gasolina y que convirtió la ciudad en un caos.

A caldear el ambiente contra los migrantes contribuyó el alcalde de Tapachula Neftalí del Toro (PRI) quien los acusó de estar detrás de los asaltos a los comercios de la ciudad, a pesar de que durante esos convulsos días de enero hubo jornadas con más de 100 incidentes simultáneos en todo el país.

“Tapachula está contaminada por los extranjeros” dijo el alcalde de una ciudad de 400.000 habitantes, 3.500 cantinas y puticlubs y una biblioteca.

Con información de  elpaís.com

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JACOBO GARCÍA