Chiapaneca deportada lucha por custodia de sus hijos ante gobierno de EU

Blanca fue deportada y ahora, desde Tuxtla Gutiérrez, emprende una difícil batalla legal para volver a reunir a su familia

Portavoz / Agencias

 

Poco después de las 6:00 de la mañana, Blanca R. se dio cuenta de que no servía uno de los focos de las direccionales de su camioneta. Pensó en arreglarlo, pero no era el mejor momento: ningún taller mecánico estaba abierto; uno de sus cinco hijos tenía un chequeo médico y los otros tenían que ir a la escuela, además de que era el último día para completar su mudanza de casa.

 
“Lo haré esta tarde”, pensó mientras subía al vehículo algunos muebles y ropa para sus hijos de 11, seis, cuatro, tres y un años de edad. Minutos después hizo subir a cada uno de ellos, y condujo su coche por las calles de aquel pueblo del que sólo quiere recordar que estaba en Carolina del Norte.

 
El día comenzaba a clarear cuando seis patrullas le cerraron el paso para interrogarla sobre por qué conducía sin una luz; a dónde se dirigía tan temprano y por qué conducía con aliento a alcohol.

 
Cuatro meses después de aquella madrugada del 16 de septiembre de 2016, Blanca no quiere hablar de la causa de aquel vaho ácido que supuestamente salía de su boca. Desde allá, un abogado de oficio le aconseja no dar demasiados detalles al respecto y, aquí, en México, Emily Norman, litigante que coadyuva en el caso por parte del binacional Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), coincide con esa precaución en tiempos duros.
Blanca regresó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin sus hijos, y hoy que tiene que pelear desde aquí la custodia de los menores contra el gobierno de Estados Unidos, después de aquel incidente con los policías en Carolina del Norte.

 
Mientras uno de los oficiales de tránsito la esposaba, otros dos la apartaron de los niños y uno más compasivo le dio ánimos: “Dios es grande, confía en él”, dijo sin lograr tranquilizar a la mujer y sí despertar la cólera del más iracundo de los uniformados que le gritó: “Mexicana, go home”.

 
Así comenzó su periplo de repatriada por diversos centros de detención migratoria: de Carolina del Norte a Nueva York y de ahí a Iowa donde siempre repetía: “No me importa que me manden a mi país, pero con mis hijos”.

 
Blanca sabía que sin ella, los chicos se quedarían a merced del gobierno, porque el padre de los niños estaba en prisión y los abuelos y tíos no se atreverían a reclamarlos por ser indocumentados. Aún así, no se le ocurrió solicitar ayuda al consulado y a los agentes del ICE tampoco se lo ofrecieron aunque es un derecho de los extranjeros recibir protección consular de sus países en Estados Unidos.

 
De todos modos poco hubiera podido hacer la diplomacia mexicana: ella no había registrado a los niños como mexicanos porque no pensó que volvería algún día. Desde que emigró cuando tenía 19 años todo fue para bien: obtuvo un permiso de DACA, se convirtió en microempresaria con un negocio de perfumería y se compró un terreno en el que pensaba construir una casa para vivir tranquila.

 
La falta de acta de nacimiento mexicana es uno de los principales obstáculos con los que se topan los cónsules en EEUU para apoyar legalmente casos como el de Blanca, quien una vez en México se las ha visto negras: aquí no existe ningún organismo del gobierno que detecte y acompañe puntualmente las batallas legales de los repatriados para recuperar a sus hijos.

 
“Cuando EEUU busca la custodia de un niño, hay un sistema que permite a los padres defenderse: si el juez pide, por ejemplo, que vayan a terapia, los padres acuden a psicólogos avalados, pero si piden lo mismo a un repatriado, no es fácil encontrar a un terapeuta en México acreditado para la justicia americana y todo se vuelve más complicado”, explica Norman.

 
En el peor de los casos, si los deportados no se defienden bien en un juicio, el gobierno estadounidense da sus hijos en adopción a familias americanas y los padres biológicos nunca más los vuelven a ver, como ha ocurrido a otros mexicanos, cuyo número desconocen por igual las autoridades mexicanas y estadounidenses.

 
“El único dato oficial es que hay entre 3 mil y 4 mil niños estadounidenses hijos de extranjeros en custodia de EEUU”, agrega la abogada de Imumi, una organización civil sin fines de lucro que nació justamente cuando su fundadora (Gretchen Kuhner) se enteró del caso de una mujer que perdió para siempre a su bebé, dado en adopción, por no poder defender la custodia desde México.

 
Cuando Blanca escucha estas historias se le ponen los pelos de punta, sube y baja para conseguir todos los papeles que le piden, para buscar un trabajo estable que le permita convencer al juez de que puede mantener a sus hijos en Tuxtla Gutiérrez, y llamar cada semana a sus pequeños para demostrar su interés.

 
Entonces tiene que ser fuerte, no debe darle esperanza a los niños de que un día estarán con ella en México –tal y como lo piden las autoridades durante el juicio- y al mismo tiempo tampoco puede desilusionarlos sino hacerlos sentir que son amados, que alguien los espera y no necesitan una familia sustituta, a pesar de los errores de su madre.