Prometen abrir “pronto”; el sitio está protegido por decreto desde 1994.
La tarde cae sobre Ocosingo y la Acrópolis de Toniná permanece en silencio. La explanada está vacía, las terrazas que se elevan hacia el cielo siguen fuera de alcance para el público desde hace más de un año. En los teléfonos, sin embargo, el sitio volvió a escena: el gobernador de Chiapas difundió que “pronto” se podrá visitar de nuevo y que su gobierno realiza gestiones con la Secretaría de Cultura y el INAH. No dio fecha ni explicó bajo qué mecanismo jurídico ocurriría la reapertura.
Toniná no es un tema nuevo para el Estado mexicano. Desde 1994 la zona forma parte del catálogo federal de zonas de monumentos arqueológicos: un decreto publicado en el Diario Oficial fijó la poligonal y colocó su cuidado bajo la vigilancia del INAH, con las obligaciones y límites que marca la Ley Federal sobre Monumentos. En términos prácticos, el instrumento ya reconoce el valor del sitio y ordena a cualquier autoridad —federal, estatal o municipal— sujetarse a esas reglas.
Lo que sí cambió es el acceso. A finales de 2023 el propietario del predio por donde ingresa el público cerró el paso. Desde entonces persiste una disputa: el dueño reclama que la compensación ofrecida por el gobierno no refleja el valor actual del terreno; las autoridades han planteado distintos caminos, incluida la posibilidad de expropiar si no hay acuerdo. La reapertura, en los hechos, depende de cómo se resuelva ese desacuerdo y quién paga qué.
El anuncio reciente no despejó esas preguntas. El mensaje oficial habla de “gestiones” y del derecho cultural de disfrutar Toniná; no aclara si habrá servidumbre de paso, arrendamiento, compra o expropiación, figuras previstas en la normativa mexicana para garantizar acceso a bienes arqueológicos cuando pasan por propiedad privada. Cualquiera que sea la vía, exigirá avalúos transparentes, presupuesto y un convenio claro entre Federación, Estado y municipio.
Mientras tanto, la vida alrededor del sitio se resintió: guías y restaurantes vieron reducirse a sus visitantes; el museo de sitio funcionó por lapsos, pero el corazón del recorrido —la gran escalinata y su entorno— quedó vedado. En Ocosingo, la expectativa es concreta: volver a recibir gente, pero con reglas que den certidumbre para todos y protejan el patrimonio.
Si la negociación avanza, Toniná regresará al mapa de los viajeros con una tarea doble. Por un lado, ordenar la operación: horarios, aforos, señalización, seguridad y servicios básicos. Por otro, asegurar que el regreso de visitantes no comprometa la conservación de las estructuras —murales, juegos de pelota, la llamada “Acrópolis”— que justificaron la protección federal hace tres décadas. El decreto de 1994 ya da el marco; la deuda es de implementación.
Lo que hoy se sabe es limitado pero verificable: hay un compromiso público del gobierno estatal de empujar la reapertura; existe un conflicto de acceso en curso; y hay una norma que protege al sitio desde 1994. Lo que falta por conocer —y que definirá el calendario real— es el instrumento jurídico elegido, el monto y origen del financiamiento, y el plan para operar sin sobresaltos un espacio que pertenece a todos.
