Desde el pasado 10 de agosto el instituto guatemalteco otorgó estatus humanitario a familias de Chiapas, aseguró su vocera en entrevista.
El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó que al menos 228 personas originarias de Chiapas ingresaron a su territorio tras huir de la violencia registrada en Frontera Comalapa. Desde el 10 de agosto, las autoridades vecinas desplegaron un equipo multidisciplinario para atender a quienes se refugiaron en Huehuetenango, otorgándoles estatus de permanencia por razones humanitarias.
La vocera de la institución, María del Mar Enamorado, explicó – en entrevista para Azucena Uresti -, que se trató de 57 unidades familiares integradas por 56 hombres, 73 mujeres, 44 niños y 55 niñas. Detalló que los grupos ingresaron de manera paulatina: el primer reporte se registró con 50 personas y, en cuestión de días, la cifra ascendió hasta superar las doscientas. “Nuestro mandato es brindar asistencia humanitaria en el marco de la legislación vigente”, aseguró.
La funcionaria subrayó que Guatemala actuó conforme a su Código de Migración, priorizando la atención a quienes se encontraban en condición de vulnerabilidad. Por ello, además de otorgar estatus migratorio temporal, se implementaron entrevistas individuales y apoyos básicos para identificar necesidades urgentes de las familias desplazadas.
El caso volvió a evidenciar la crisis de seguridad que enfrenta la frontera chiapaneca. De acuerdo con el propio gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, algunas de las familias desplazadas mantenían vínculos con personas sujetas a procesos penales o ligadas a organizaciones delictivas.
Enamorado evitó pronunciarse sobre los señalamientos del mandatario chiapaneco y recalcó que su país se limitaba a garantizar asistencia bajo la normativa migratoria. “Cada persona es evaluada para determinar su grado de vulnerabilidad. Esa es nuestra obligación institucional”, apuntó.
La funcionaria recordó que esta no fue la primera ocasión en que Guatemala recibió a desplazados mexicanos. En 2024 se documentó la llegada de cerca de 250 personas que, ante la disminución de la violencia, regresaron a sus comunidades de origen meses después. Sin embargo, en este nuevo caso, las condiciones en la zona fronteriza se mantuvieron tensas debido a la presencia de grupos del crimen organizado.
La vocera destacó que se mantuvo coordinación con autoridades mexicanas para atender el flujo de personas y garantizar el acompañamiento institucional en ambos lados de la frontera. “Las instituciones de ambos países han estado presentes para dar seguimiento a la situación”, informó.
El Instituto Guatemalteco de Migración reiteró que las acciones emprendidas respondieron a criterios humanitarios y que su prioridad fue garantizar la seguridad de las familias, en particular de mujeres, niños y niñas. Enfatizó que los desplazados fueron concentrados en distintos puntos de Huehuetenango, donde recibieron atención médica, psicológica y acompañamiento legal.
