Persisten en Chiapas vacíos legales para proteger a menores

La laxitud en la justicia es aprovechada por el crimen organizado para reclutar menores.

La Fundación Granito de Arena señaló que el marco legal vigente en materia de justicia para adolescentes presenta serias deficiencias que impiden una respuesta adecuada ante actos graves cometidos por menores de edad.

“Y tengo que decir, yo ni siquiera sé quién es la presidenta de la comisión de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Congreso. Y qué lamentable porque nosotros ya tenemos muchos años y y sí nos duele que otros otros diputados y diputadas de otros estados se acercan, cuando ya debería ser la principal también en luchar y en conocer el tema de infancia”, indicó.

Su presidenta, Elena Torres Villanueva, explicó que la ley clasifica las conductas de adolescentes en distintos grupos etarios, de modo que muchas acciones no se consideran delito sino “infracción”, lo que deriva en medidas como la terapia en lugar de sanciones proporcionales al daño causado.

“Tenemos un marco que nos restringe mucho cuando buscamos realmente que adolescentes no se busca eh señalarles como como como eh justamente la palabra delincuentes no se puede ni mencionar pero sí requieren toda una reparación integral y no todos los casos pueden ser tratados iguales, por decir, maneja tres grupos etarios, no son punibles, no es un delito, es una infracción, se manda a terapia”, señaló.

Uno de los principales vacíos, dijo, es que el internamiento tiene un límite máximo de cinco años incluso en los casos más graves, y que las llamadas “reparaciones del daño” resultan insuficientes.

“Tenemos una niña de 5 años, 3 días internada en el Gómez Maza y y se fueron a asunto abreviado y de su reparación es de 11,000 pesos, ¿creen que eso eso reparan la violación que vivió por parte de un adolescente? No.”, apuntó.

Este tipo de resoluciones, advirtió, no atienden la magnitud del daño físico y psicológico sufrido por las víctimas.

La activista también señaló que la ley actual carece de mecanismos que garanticen tratamiento psicológico especializado y verificable para los adolescentes agresores, lo que provoca que muchos casos se resuelvan mediante acuerdos de conciliación —como el de no agresión mutua— sin que exista certeza de que el menor haya recibido atención real.

“Tenemos que proteger a las niñas y a los niños y a todas las personas y no se trata de de que culpabilicemos y queramos eh sentencias exorbitantes contra los adolescentes pero sí tengan que sean atendidos por personal especializado que garantice que que ellos han sanado de su psique y que son personas que pueden reincorporarse a la sociedad, no solamente por una ley normativa que busca la integración inmediata”, remarcó.

En este sentido, Torres Villanueva advirtió que esta laxitud es aprovechada por el crimen organizado para reclutar menores, ya que las sanciones que enfrentan son menores que las de un adulto pese a cometer los mismos delitos.

“Sí, precisamente las personas delincuentes aprovechan este marco legal en cuanto a justicia para adolescentes en donde pues el trato busca pues una conciliación, este justamente estas estos acuerdos, las terapias antes que el internamiento o inclusive el internamiento tampoco garantiza la reparación”, remató.

Frente a estos vacíos, la fundación respalda la llamada Ley Fátima, impulsada a nivel federal, que busca reformar la Ley de Justicia para Adolescentes para endurecer las sanciones y garantizar tratamiento especializado que asegure la reinserción social.

Torres Villanueva subrayó que el objetivo no es criminalizar a los menores, sino cerrar los huecos normativos que hoy dejan sin protección efectiva tanto a las víctimas como a la sociedad.