La encargada del deporte en Chiapas fue señalada en 2021 de recibir 7 MDP de los empresarios factureros.
Fue el 21 de mayo de 2021 cuando el periodista Carlos Loret de Mola, señaló el vínculo entre los Álvarez Puga y el apoyo a campañas políticas del partido Movimiento Ciudadano, en Tuxtla Gutiérrez, donde presuntamente la actual titular del INDEPORTE en Chiapas, Bárbara Altúzar buscaba la sindicatura del Ayuntamiento capitalino, y habría recibido 7 millones de pesos de la familia facturará.
En entrevista, Bárbara Altúzar Galindo reconoció haber tenido en el pasado una relación de trabajo con integrantes de la familia Álvarez Puga, señalados y detenidos por defraudación fiscal.

Aunque la funcionaria admitió que “hace muchos años” existió entre ellos “una vinculación totalmente profesional”, evitó dar detalles sobre la naturaleza o duración de dicha colaboración.
“En su momento este, ya tiene pues te podría decir que quizá en su momento hace muchos años este generamos una vinculación totalmente profesional, un trabajo que se desarrolló totalmente en el ámbito profesional”, señaló.
Cuestionada directamente sobre su cercanía con esta familia, Altúzar Galindo se deslindó de la situación legal que enfrentan y afirmó mantenerse “respetuosamente al margen” del proceso judicial en curso.
“Este, en torno específicamente a la situación que está aconteciendo pues yo me mantengo totalmente y respetuosamente al margen de lo que las autoridades estén generando”, dijo.
El pasado 9 de julio, la Policía Federal Ministerial detuvo en Cancún, Quintana Roo, a Alejandro Mario Álvarez Puga, hermano del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont.
Este fue puesto a disposición de un juez federal en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, señalado por su presunta participación en la red de empresas fantasma que habría desviado 2 mil 950 millones de pesos del erario, a través de contratos con la Secretaría de Gobernación.
En septiembre de 2025, el hermano, Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido en el Centro de Procesamiento Krome North, en Miami, por irregularidades migratorias.
Fue el 21 de mayo de 2021 cuando el periodista Carlos Loret de Mola, a través de una columna señalaba el vínculo entre los Álvarez Puga y el apoyo a campañas políticas del partido Movimiento Ciudadano, en Tuxtla Gutiérrez, donde presuntamente Bárbara Altúzar buscaba la sindicatura del Ayuntamiento capitalino, y habría recibido recursos de la familia.
“Cuentan que la FGR traería un par de expedientes de factureros que impactarían en campañas de Movimiento Ciudadano. Por un lado, una candidata a síndica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Bárbara Altúzar. ¿El cargo? Que entre 2017 y 2019 habría recibido 7 millones de pesos de diversas empresas relacionadas con los hermanos Álvarez Puga, considerados de los factureros más famosos de México. El otro caso se da en Puebla, donde la Fiscalía estaría detrás del financiamiento de factureros supuestamente relacionados con Carlos Winkler a la campaña del candidato a la capital, Edgar Yamil Yitani. A todo el fuego”, señaló el periodista.
Respecto a su relación con los Álvarez Puga, la funcionaria estatal evitó precisar en qué consistió su trabajo con los empresarios, o si dicha relación tuvo alguna implicación posterior en su carrera dentro del servicio público.
“Pero mis acciones y mis actividades desde hace mucho tiempo se han generado totalmente en la iniciativa privada y pues unos años para acá también en la iniciativa pública y muy contenta de continuar trabajando a favor del estado de Chiapas”, expresó.
Subrayó que corresponde a las autoridades competentes continuar con las investigaciones y determinar responsabilidades, sin ahondar más en el tema de su relación con la familia investigada.
“Totalmente son actividades y acciones que son ajenas totalmente a mi persona y pues las autoridades dirán que continúen sus procesos con las personas que tengan que generarlos”, apuntó.

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