Extrabajadores y sus familias denunciaron el presunto despojo de predio

Más de 60 familias exigen pago por predio en Zona Dorada vendido sin su consentimiento

Más de 60 extrabajadores y sus familias denunciaron el presunto despojo del predio, ubicado en la Zona Dorada de Tuxtla Gutiérrez, detrás de las Torres Ka’an. Aseguran que hace más de cuatro décadas adquirieron lotes para desarrollar un fraccionamiento universitario que nunca se concretó y que posteriormente el terreno fue vendido a una empresa constructora sin que los compradores originales recibieran la compensación pactada.

Armando López Ramírez, representante del grupo afectado, explicó que los trabajadores aportaron alrededor de 40 millones de pesos para la adquisición de los terrenos, mientras que el predio fue comprado originalmente por el sindicato en aproximadamente 35 millones de pesos. Señaló que durante años los distintos comités sindicales continuaron recibiendo pagos de los compradores sin avanzar en el proyecto habitacional.

El predio fue adquirido por ICE Constructora Habitacional, propiedad de Rodolfo Granda Sánchez, mediante un fideicomiso administrado por Banco Actimver. Los afectados sostienen que dicho fideicomiso contemplaba como prioridad el pago a los compradores originales antes de cualquier otra operación, condición que, aseguran, nunca se cumplió. “No queremos a nadie en la cárcel, no tenemos interés ni deseos de venganza. Que nos paguen porque lo adquirimos. Muchos pedimos prestado para comprar ese lotecito”, expresó López Ramírez.

Marbella Arriaga Navarro, hija de uno de los compradores originales ya fallecido, aseguró que en el predio actualmente existen condominios que fueron comercializados en su momento por más de dos millones de pesos cada uno. Señaló que, pese al desarrollo inmobiliario, las familias que adquirieron originalmente los terrenos continúan sin recibir una compensación económica.

La denunciante indicó además que Rodolfo Granda Sánchez promovió demandas por presunto daño moral en contra de tres integrantes del grupo, entre ellos ella misma, Armando López Ramírez y otro afectado identificado como Arturo, quien se encuentra en estado de interdicción. Según su versión, la notificación judicial hacia este último se realizó de forma irregular a través de su esposa.

Tanto López Ramírez como Arriaga Navarro afirmaron haber recibido amenazas de muerte relacionadas con el conflicto. El primero atribuyó las intimidaciones a Heradio Zavala de los Santos, mientras que Arriaga Navarro también mencionó a José Parada Cortés como una de las personas involucradas en los hechos que denuncian.

El grupo manifestó además sospechas sobre un posible tráfico de influencias y mencionó el nombre de Felipe Granda como una persona con presuntos vínculos dentro del sistema gubernamental. Hasta el cierre de esta publicación, ICE Constructora Habitacional, el sindicato señalado y las autoridades mencionadas no habían emitido una postura oficial respecto a las acusaciones.

Los afectados hicieron un llamado para que se intervenga en el caso y se revise el cumplimiento de los acuerdos establecidos para la liquidación de los compradores originales del predio.