Durante 2024, Chiapas concentró el 61.8% de todos los desplazamientos internos por violencia en México —casi 26 mil casos en un solo año, más del doble que el año anterior.
Al terminar el sexenio de Rutilio Escandón Cadenas, Chiapas no dejó atrás la violencia; la enterró literalmente. Entre el 28 y el 30 de diciembre de 2024, apenas semanas después de que concluyera su gobierno, autoridades descubrieron seis fosas clandestinas en el municipio de La Concordia con restos de al menos 28 personas.
El hallazgo no fue casualidad: ocurrió en el mismo lugar donde, a mediados de ese año, una masacre dejó 19 muertos.
Las cifras oficiales, sin embargo, no cuadraban. Un informe elaborado por organizaciones civiles —entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas— reveló una discrepancia sistemática entre los datos que la Fiscalía publicaba y los que reportaba internamente. Para las organizaciones, esto confirma “un patrón de ocultamiento de información” en medio de una crisis que el gobierno estatal nunca reconoció en su verdadera magnitud.
La violencia no solo mató: también desplazó. Durante 2024, Chiapas concentró el 61.8% de todos los desplazamientos internos por violencia en México —casi 26 mil casos en un solo año, más del doble que el año anterior. Comunidades enteras de municipios como Tila, Chenalhó y Pantelhó abandonaron sus hogares, tierras y animales huyendo de grupos criminales que cobraban cuotas, reclutaban por la fuerza e imponían sus propias reglas.
De acuerdo a investigaciones del medio nacional Reporte Índigo, detrás de todo esto opera lo que el informe “Chiapas, la paz pendiente”, elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera y publicado en mayo de 2026, describe como una red que mezcla grupos armados, intermediarios locales y actores políticos.
El Cártel de Chiapas y Guatemala —integrado por mexicanos y guatemaltecos— controla rutas de droga y tráfico de personas en la frontera sur. La conclusión es dura y directa: el Estado no estuvo ausente por descuido, sino que en muchos casos fue cómplice.
Detrás de todo esto opera lo que el informe “Chiapas, la paz pendiente” describe como una red que mezcla grupos armados, intermediarios locales y actores políticos. El Cártel de Chiapas y Guatemala —integrado por mexicanos y guatemaltecos— controla rutas de droga y tráfico de personas en la frontera sur. La conclusión es dura y directa: el Estado no estuvo ausente por descuido, sino que en muchos casos fue cómplice.
