Mientras la mayoría de los chiapanecos dormía, los diputados locales tomaron una decisión que cambiará la forma en que se gasta el dinero público en municipios, congresos y organismos electorales de todo el país. Durante la madrugada de este jueves, el Congreso de Chiapas se convirtió en una de las primeras legislaturas estatales en aprobar el “Plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con 32 votos a favor y 3 en contra.
En sesión presidida por la diputada Alejandra Gómez Mendoza, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas avaló la reforma que establece límites al gasto de autoridades electorales, congresos locales y municipios, además de reforzar la fiscalización de los partidos políticos.
¿Qué establece el Plan B de la reforma electoral?
La reforma constitucional aprobada modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de México y contempla tres ejes principales que impactarán directamente en la estructura de gobierno a nivel local y en los organismos electorales del país.
En primer lugar, se fija un máximo de 15 regidurías por ayuntamiento, con el objetivo de reducir las estructuras administrativas municipales. En segundo lugar, los presupuestos de las legislaturas estatales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa. Y en tercer lugar, los consejeros electorales, magistrados y titulares de áreas ejecutivas del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los organismos electorales locales y tribunales electorales estatales, no podrán percibir un salario superior al de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Tampoco podrán contar con seguros de gastos médicos, pensiones privadas ni otras prestaciones no previstas por la ley con cargo al erario.
Adicionalmente, los artículos transitorios de la reforma establecen que el presupuesto del Senado de la República deberá reducirse de manera progresiva durante los próximos cuatro ejercicios fiscales, hasta alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales. Esta reducción no podrá afectar los derechos laborales del personal de la Cámara Alta.
| Eje de la reforma | Disposición |
|---|---|
| Regidurías municipales | Máximo 15 por ayuntamiento |
| Presupuesto de congresos locales | No mayor al 0.70% del presupuesto estatal |
| Salarios de autoridades electorales | No superiores al del Ejecutivo Federal |
| Presupuesto del Senado | Reducción progresiva del 15% en 4 años |
| Prestaciones con recursos públicos | Eliminación de seguros y pensiones privadas |
Fuente: Reforma a los artículos 115, 116 y 134 constitucionales, 2026
Chiapas, con ventaja en austeridad legislativa
Un dato relevante es que Chiapas se encuentra entre los cinco congresos estatales con menor gasto a nivel nacional, lo que coloca a la entidad en una posición favorable frente a las nuevas disposiciones.
Además, cuando el ahora gobernador Eduardo Ramírez Aguilar fungió como presidente del Congreso local, se impulsó y aprobó una reducción de sindicaturas y regidurías que estableció un máximo de 6 regidurías propietarias y hasta 3 por representación plurinominal, una medida que se alinea con el espíritu del Plan B y que posiciona a Chiapas como una entidad que ya había dado pasos concretos en materia de austeridad municipal.
Del Plan A al Plan B: el contexto nacional
Para entender lo que votaron los diputados chiapanecos esta madrugada, hay que mirar lo que ocurrió en las últimas semanas en el Congreso de la Unión.
A inicios de 2026, la presidenta Sheinbaum presentó una propuesta más ambiciosa conocida como “Plan A”, que buscaba modificar el sistema de diputados plurinominales y eliminar senadurías de representación proporcional, además de reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada el 11 de marzo en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria, incluso con el voto en contra de legisladores de partidos aliados como el Partido Verde y el Partido del Trabajo.
Ante ese escenario, el Ejecutivo Federal envió al Senado el Plan B el 17 de marzo, una versión más acotada centrada en la reducción de gastos y privilegios. El Senado lo aprobó el 26 de marzo con 87 votos a favor y 41 en contra, y la Cámara de Diputados lo avaló en lo general el 8 de abril con 377 votos a favor —de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano— frente a 102 en contra del PAN y PRI.
Uno de los puntos centrales de la reforma también obliga a que los dirigentes y funcionarios de los partidos políticos no tengan sobresueldos, y exige a las fuerzas políticas que reporten sus operaciones financieras de manera transparente.
¿Qué sigue?
Al tratarse de una reforma constitucional, el Plan B requiere la ratificación de al menos 17 de los 32 congresos estatales para entrar en vigor. Chiapas se adelantó al ser de los primeros en votar a favor. Las legislaturas de los estados tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para armonizar su marco jurídico con las nuevas disposiciones.
En la misma sesión, la diputada Alejandra Gómez Mendoza, en su calidad de presidenta de la Mesa Directiva, turnó a comisiones parlamentarias diversas iniciativas de adiciones y reformas al Código Civil del Estado de Chiapas, a la Ley de Educación, así como la desincorporación de un predio del Ayuntamiento de Huixtla.
