Dos casos de abuso sexual infantil en la región Altos expusieron presuntas omisiones de la FGE. Los ministerios públicos evitaron solicitar órdenes de aprehensión y prisión preventiva oficiosa, pese a tratarse de delitos de pederastia agravada incluidos en el catálogo obligatorio desde 2024.
Dos casos recientes de agresiones sexuales contra menores en la región Altos evidenciaron presuntas omisiones por parte de la Fiscalía de Distrito Altos que encabeza Claudia Irene Constantino López, donde ministerios públicos habrían evitado solicitar las órdenes de aprehensión y la prisión preventiva oficiosa, pese a tratarse de delitos de pederastia y pederastia agravada.
De acuerdo con los familiares de las víctimas, las fiscales encargadas de los casos —una adscrita a la Fiscalía de Justicia Indígena y otra a la Fiscalía de Distrito Altos— ejercitaron acción penal, pero únicamente solicitaron la audiencia inicial de formulación de imputación, lo que permitió que los presuntos agresores fueran citados a comparar en libertad y con previo conocimiento de las acusaciones.
Los denunciantes responsabilizaron a Constantino López de no instruir a su personal para actuar conforme al “Decálogo Humanista” que la propia Fiscalía General del Estado (FGE) promovió como guía institucional para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. El documento, presentado por la FGE en 2024, estableció el compromiso de erradicar la violencia y asegurar cero impunidad en los delitos sexuales contra menores.
Sin embargo, las actuaciones ministeriales en los casos ocurridos en San Cristóbal de las Casas contrastan con el discurso oficial. En uno de ellos, identificado con la carpeta 0059-078-1008-2023, la víctima es una niña de iniciales DHP, agredida por José “N”; el otro corresponde a la carpeta 0863-078-0301-2018, donde la víctima es una adolescente de iniciales ARLL y la presunta agresora, María “N”.
Ambos procesos fueron judicializados sin que las fiscales solicitaran la detención inmediata ni la medida cautelar de prisión preventiva, la cual es obligatoria en delitos de pederastia agravada, de acuerdo con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados en 2024 que amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. En contraste, otras fiscalías de Chiapas sí han solicitado dicha medida, como en los casos resueltos esta semana por la FGE en Teopisca y Comitán de Domínguez, donde los jueces impusieron prisión preventiva y otorgaron 30 días para la investigación complementaria.
