Aunque reconocen que la crisis se gestó en el sexenio anterior, no hay pesquisas contra mandos estatales.
La violencia que golpeó a la Sierra de Chiapas entre 2021 y 2024 fue reconocida incluso por las actuales autoridades como el periodo de mayor crisis en la región. Sin embargo, pese a admitir que la escalada ocurrió durante el sexenio anterior, no existen investigaciones abiertas contra el exgobernador ni contra los mandos estatales responsables de la seguridad en ese tiempo.
En la conferencia de prensa se cuestionó directamente si habría alguna indagatoria en contra de Rutilio Escandón o de quienes encabezaban la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. La respuesta fue negativa: “Hasta ahorita no hemos encontrado una relación directa que tenga la responsabilidad o la colusión de alguna autoridad estatal; si lo hubiera, por supuesto que vamos a continuar con la investigación”, declaró la Fiscalía.
De acuerdo con la versión oficial, las investigaciones actuales se concentran en delitos cometidos en agravio de la población, como homicidios, desapariciones, extorsiones y abusos de autoridad. En ese marco, ya han sido detenidos un alcalde y varios policías municipales de Frontera Comalapa.
No obstante, el tema deja un vacío: ¿cómo se explica que, durante más de dos años, las instituciones estatales no actuaran frente a los grupos criminales que tomaron el control de la Sierra, cerraron escuelas y clínicas y sometieron a comunidades enteras?
La falta de responsabilidades políticas hacia mandos estatales refleja un terreno donde la impunidad no solo benefició a los grupos criminales, sino que también permitió el abandono institucional de miles de chiapanecos.
Por ahora, la Fiscalía sostiene que apenas llevan ocho meses de la estrategia actual y que el primer objetivo ha sido contener la violencia. Sin embargo, la ausencia de investigaciones contra quienes gobernaban cuando se gestó la crisis genera suspicacia entre la población que vivió en carne propia los años más violentos en la Sierra.
