El activista fue liberado al no vincularlo a proceso por tráfico de migrantes; autoridades federales insisten en su culpabilidad.
El pasado 11 de agosto, el activista Luis García Villagrán, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de migrantes, salió del Centro de Reinserción Social número 3 de Tapachula, Chiapas, luego de que el juez Jonathan Francisco Izquierdo Prieto determinó no vincularlo a proceso. La resolución se dio en el marco de la causa penal 54/2025, tras concluir que las pruebas presentadas por la defensa no acreditaban su responsabilidad.
Sus abogados, José Antonio Martínez Sánchez y Roberto Manuel de Jesús Carrera García, argumentaron que García Villagrán es beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, por su labor al frente del Centro de Dignificación Humana AC. Presentaron documentos y testimonios que, a su juicio, evidencian que su trabajo es en defensa de los migrantes y no para lucrar con ellos.
Martínez Sánchez explicó que el “auto de no vinculación” significa que, en esta etapa, no se le acreditó responsabilidad penal y no quedó sujeto al juez. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la posibilidad de impugnar la decisión y continuar la investigación.
Al día siguiente, en conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el fiscal general Alejandro Gertz Manero afirmó que el Instituto Nacional de Migración denunció a Villagrán y que la Secretaría de Seguridad federal integró 75 pruebas sobre su presunta responsabilidad. “El juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas y lo puso en libertad. Yo no había visto una cosa igual”, declaró.
Gertz Manero aseguró que la FGR no solo apelará, sino que abrirá una nueva carpeta de investigación, señalando que detrás de este tipo de casos “hay fortunas incalculables que están victimizando a miles de personas y no puede quedar así”.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que García Villagrán fue inscrito en el Mecanismo de Protección en 2019, pero subrayó que pertenecer a este programa no otorga inmunidad ante delitos. “Cualquier persona bajo el Mecanismo puede ser detenida si existe una orden judicial”, señaló.
La presidenta Sheinbaum reiteró que la determinación de libertad provino del Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Tapachula y sostuvo que su gobierno permanece atento a la resolución de la FGR.
