Aunque estas cifras oficiales reflejan una tendencia preocupante, colectivas feministas señalan que la violencia contra las mujeres en Chiapas va más allá de lo que muestran los registros institucionales.
La violencia intrafamiliar en Chiapas sigue siendo un problema grave y persistente. De acuerdo con el reporte de la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, hasta la semana 31 de 2025 se han registrado 504 casos acumulados en el estado, de los cuales 431 corresponden a mujeres y 73 a hombres. Solo en la última semana se documentaron 15 nuevos casos.
Aunque estas cifras oficiales reflejan una tendencia preocupante, colectivas feministas señalan que la violencia contra las mujeres en Chiapas va más allá de lo que muestran los registros institucionales. El Observatorio Feminista de Chiapas advierte que 2024 fue el año más cruento para las mujeres desde la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, con 197 muertes violentas, de las cuales al menos 63 fueron feminicidios.
La colectiva 50 más 1 también reportó que el año pasado cerró con 40 feminicidios, la cifra más alta en tres años. Organizaciones como REDIAS alertan sobre un cambio preocupante: en 2025, las niñas y adolescentes encabezan las cifras de agresiones violentas, incluso por encima de los varones de su edad. Hasta junio, se contabilizaron 22 feminicidios, de los cuales cinco correspondieron a menores de edad.
Otro tipo de violencia que ha cobrado visibilidad es la violencia vicaria, tipificada en Chiapas desde marzo de 2024. Solo en Tuxtla Gutiérrez, colectivos han documentado más de 20 casos en los que hijos e hijas son utilizados como herramienta para dañar a las madres, lo que ha sido denunciado mediante murales y acciones de protesta.
Activistas y defensoras de derechos humanos han advertido que las cifras oficiales representan apenas una parte del problema, ya que muchos casos no se denuncian por temor, desconfianza institucional o revictimización. Demandaron a las autoridades reforzar las políticas públicas de prevención, atención y sanción a los agresores, así como garantizar acceso real a la justicia para las víctimas.