Ni investigaciones abiertas ni pruebas sobre operaciones de ese grupo criminal en Chiapas. Aunque hay disposición a colaborar con otras fiscalías, hasta ahora no se ha recibido ninguna solicitud formal.

El Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, aseguró que no existe ninguna investigación formal ni indicios que confirmen la presencia del grupo criminal “La Barredora” en territorio chiapaneco, pese a las acusaciones públicas hechas por el un exgobernador del estado, quien vinculó a esa organización con exfuncionarios del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas.

En declaraciones a medios de comunicación, Llaven Abarca subrayó que, aunque la dependencia a su cargo tiene total disposición para colaborar con fiscalías de otras entidades, como la de Tabasco, no ha recibido hasta ahora ninguna solicitud oficial de cooperación.

“Estamos atentos y dispuestos a colaborar si así se solicita, pero no hemos recibido ninguna petición formal. No hay denuncia, ni colaboración abierta, ni actos de investigación requeridos”, señaló.

Las declaraciones del fiscal surgen tras filtraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que implican a “La Barredora” —presuntamente encabezada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco— en actividades delictivas vinculadas con el Tren Maya, como el suministro de huachicol y renta de terrenos en los tramos 4 y 5 del proyecto, coordinados por un sobrino del propio Bermúdez.

Cuestionado sobre versiones que apuntan a una supuesta expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en el norte de Chiapas durante la administración anterior bajo una llamada “Pax Narca”, Llaven Abarca fue tajante al afirmar que durante su gestión no se registraron manifestaciones de grupos criminales en municipios como Reforma, Juárez, Pichucalco o Ixtapangajoya.

“No tuvimos ninguna agresión ni evidencia directa de presencia criminal en esa zona. Combatimos toda expresión de violencia de forma frontal. No se puede afirmar la existencia de un grupo con base en suposiciones sin una denuncia concreta”, indicó.

Insistió en que los señalamientos de Willy Ochoa y otros actores políticos carecen, hasta ahora, de sustento jurídico. “Son expresiones mediáticas, no hay una denuncia formal, ni una víctima directa que refiera haber visto actuar a un grupo criminal específico”, enfatizó.

Finalmente, contrastó la situación con una denuncia de acoso sexual ocurrida en Pijijiapan, donde —explicó— se actuó de inmediato por tratarse de una víctima identificable y hechos concretos. “Cada caso es distinto. Aquí no hay una persona específica que haya acusado, solo declaraciones abiertas que requieren, primero, actos de investigación”, concluyó.