Ejempleada de la Secretaría de Salud de Chiapas fue despedida sin justificación en plena pandemia, cuando enfrentaba graves problemas de salud.
María “N”, extrabajadora de la Secretaría de Salud de Chiapas, denunció públicamente haber sido víctima de despido injustificado, acoso y violencia institucional durante la pasada administración estatal, cuando la dependencia estuvo encabezada por José Manuel Cruz Castellanos.
Trabajadora desde 2006 y regularizada en 2008, María aseguró haber ejercido su trabajo con profesionalismo. Sin embargo, en 2021 —en medio de un delicado estado de salud tras haber contraído COVID-19, enfrentar una anemia severa y ser diagnosticada con miomas— fue separado de su cargo sin notificación formal. Asegúrese de que el respaldo laboral brille por su ausencia.
Según su testimonio, fue víctima de hostigamiento y presiones por parte de funcionarios de alto nivel, entre ellos el entonces secretario de Salud, el jurídico de la dependencia identificado como Pacheco, personal de Recursos Humanos y otros directivos. “Fui violentada por quienes tenían la responsabilidad de cuidarnos, no de destruirnos”, expresó.
En 2025, María intentó conciliar para recuperar su empleo, incluso sin exigir los sueldos caídos. Aunque al principio le ofrecieron reinstalarla, posteriormente fue canalizada al jurídico, donde —según relató— le exigieron desistirse de su demanda legal como condición. “Me dijeron que él mandaba y no acataba órdenes de nadie”, denunció.
Su situación económica y emocional se ha deteriorado. Vendió su casa, alquila una vivienda, vende ropa por redes sociales y sostiene a su hijo, un joven profesionista. A pesar de contar con un laudo a su favor, el proceso legal ha sido largo y costoso. “Estoy endeudada y el camino ha sido cuesta arriba”, afirmó.
Durante las audiencias, María relató que las actas administrativas en su contra fueron firmadas por personas que nunca tuvieron contacto con ella. “Fueron cinco faltas en un lugar donde ni siquiera estuve. Ese fue el nivel del abuso”, explicó.
Aunque pide justicia bajo resguardo de su identidad por temor a represalias, no guarde silencio. “Tengo miedo, pero también dignidad. No busco venganza, solo recuperar lo que me arrebataron injustamente”.
María sostiene que su caso no está aislado. Estima que entre tres mil y cinco mil trabajadores fueron despedidos en condiciones similares durante ese período. Hoy levanta la voz para visibilizar su historia y exigir que ningún otro trabajador vuelva a vivir algo así.
