Constructoras de Tonalá denunciaron presiones, imposiciones y amenazas por parte de las hermanas Ramos Espinosa, funcionarias de la SEDATU. Las acusan de condicionar obras y beneficiar a empresas afines en proyectos del Tren Interoceánico.
Constructores y proveedores de servicios en la región Istmo-Costa de Chiapas, particularmente en el municipio de Tonalá, han denunciado públicamente presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a funcionarias federales vinculadas con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Corredor Interoceánico.
De acuerdo con una denuncia difundida en redes sociales por una persona que solicitó el anonimato por temor a represalias, las hermanas Gabriela y Grisel Ramos Espinosa —originarias de Tonalá— estarían utilizando sus cargos dentro de la SEDATU y el Corredor Interoceánico, respectivamente, para condicionar y controlar la asignación de obra pública federal en municipios chiapanecos afectados por las obras del Tren Interoceánico.
Gabriela Ramos, quien funge como directora de Planeación en la SEDATU, y su hermana Grisel Ramos, funcionaria en el Corredor Interoceánico, habrían tejido una red para imponer empresas afines, como las representadas por el empresario José Luis Castillejos Vila, exalcalde de Tonalá y presuntamente padrino político de ambas. Según la denuncia, también estarían coludidas con integrantes del Colegio de Ingenieros de Chiapas para obtener beneficios mediante adjudicaciones directas.
Los denunciantes acusan que presidentes municipales, proyectistas, comités comunitarios y hasta constructores han sido presionados para elegir a las empresas propuestas por las hermanas Ramos, bajo advertencias de represalias si no acceden. Asimismo, se asegura que algunos grupos empresariales como Grupo Indi, RECSA, GFS y Lerma estarían siendo amenazados para ceder parte de su participación en obras, o de lo contrario quedarán bloqueados.
Ante este panorama, los constructores afectados hicieron un llamado urgente a la titular de la SEDATU, Edna Elena Vega Rangel, para frenar lo que describe como una red de imposiciones, tráfico de influencias y uso faccioso del poder. También solicitaron la intervención del secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, al considerar que los señalamientos alcanzan estructuras del proyecto del Corredor Interoceánico.
Aunque hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la SEDATU ni del gobierno federal, las acusaciones ya circulan en redes sociales con fuerte eco entre sectores empresariales y políticos de la región.
Alerta Chiapas
