Notarios, servidores públicos y peritos que alteren papeles oficiales podrían ir a la cárcel y quedar inhabilitados.
En Chiapas, falsificar documentos ha sido por años un delito cotidiano: títulos profesionales obtenidos en cafés internet, escrituras manipuladas en conflictos agrarios, actas de nacimiento alteradas, credenciales clonadas. El problema no ha sido la falta de ley, sino la ausencia de castigo. Y aunque esta semana se aprobó una reforma para endurecer las penas, la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿se aplicará realmente?
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó el Decreto 274, mediante el cual se reforma el artículo 240 del Código Penal. Con esta modificación, quien falsifique documentos públicos, privados o auténticos podrá recibir de 2 a 6 años de prisión, además de 100 a 300 días de multa.
La reforma también eleva las sanciones para servidores públicos, notarios y peritos oficiales que incurran en falsificación, quienes además podrían ser inhabilitados para ejercer funciones públicas.
Un problema de raíz institucional
Aunque la reforma busca enviar un mensaje de “cero tolerancia” a la alteración documental, en Chiapas el mayor problema no está en el Código Penal, sino en los escritorios donde se tolera, se facilita o incluso se opera la falsificación.
Casos como el de despojos de terrenos con escrituras apócrifas, demandas falsas en juzgados civiles y certificados escolares falsificados han sido documentados por organizaciones civiles, sin que hasta ahora existan consecuencias visibles para los responsables.
“Esta reforma es una señal positiva, pero no toca el fondo del problema: la complicidad de quienes deberían verificar, firmar y custodiar documentos oficiales”, declaró un abogado consultado por Alerta Chiapas.
¿Y los mecanismos de vigilancia?
La reforma castiga, pero no crea nuevos mecanismos de vigilancia o fiscalización. Tampoco establece medidas de protección para quien denuncie irregularidades en registros públicos, notarías o dependencias estatales.
Así, aunque en papel el castigo ha aumentado, la impunidad podría continuar si no se desmontan las redes internas que sostienen estas prácticas.
