Chiapas crea una Comisión Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas; el Congreso promete justicia, pero las madres llevan años haciéndolo sin apoyo ni protección
Recorren fosas clandestinas, hospitales, cárceles y terrenos baldíos. Caminan solas con fotografías, palas, varillas y rabia. Son madres buscadoras, y desde hace años han hecho el trabajo que el Estado mexicano dejó de hacer: buscar a sus hijos, vivos o muertos.
Ahora, el Congreso de Chiapas ha creado una Comisión Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, una figura legislativa que busca –según dice el decreto– “actuar desde la dignidad, la memoria y la justicia”.
La comisión estará integrada por siete diputadas y tendrá la facultad de supervisar las estrategias de búsqueda, evaluar el presupuesto destinado a víctimas, proponer reformas legislativas, y fiscalizar el desempeño de autoridades estatales y municipales. Su creación se formalizó con la publicación del decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Estado el pasado 21 de mayo.
Pero más allá del discurso institucional, la realidad es otra: en Chiapas no hay cifras claras de cuántas personas están desaparecidas, ni resultados contundentes en las investigaciones. Las búsquedas se siguen haciendo desde el dolor personal, no desde las instituciones.
“Nos buscan vivas, nos encuentran muertas”
El decreto reconoce el trabajo de colectivas como Madres en Resistencia, y narra cómo ellas, sin más herramientas que su intuición y su desesperación, han logrado hallar restos humanos, armas, ropa y rastros de criminalidad.
Han acudido a audiencias del Senado, organismos internacionales y han exigido protocolos dignos, sin recibir respuesta real. Incluso han sido amenazadas, hostigadas y criminalizadas.
Por eso, aunque la Comisión es un paso simbólico, el riesgo es que quede solo como un gesto legislativo, sin impacto directo, sin presupuesto, sin poder real.
¿Qué puede hacer esta Comisión?
Entre sus funciones principales están:
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Supervisar el funcionamiento de las estrategias de búsqueda.
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Proponer ajustes al presupuesto que reciben las instituciones responsables.
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Coordinarse con autoridades estatales y federales.
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Exigir resultados a los encargados de atender a las víctimas.
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Proponer y revisar leyes que aborden las desapariciones.
Todas las diputadas que la integran son mujeres, lo que, en papel, representa un compromiso de género. Pero lo que está en juego no es la paridad, sino la acción concreta frente a una crisis humanitaria que sigue creciendo.
