El fiscal y el secretario de Seguridad del Pueblo aseguran que se acabaron las extorsiones a ayuntamientos por parte del narco, aunque no revelaron nombres de los municipios involucrados ni presentaron denuncias.
Tuxtla Gutiérrez.- Durante años, diversos municipios de Chiapas fueron obligados a entregar “cuotas mensuales” a grupos criminales que controlaban regiones completas. Esta práctica, que operaba como un sistema de financiamiento para el crimen organizado, fue reconocida por el propio fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven, en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio.
“Los municipios eran sometidos para entregar dinero. Ese dinero servía para el sicariato, armas y municiones”, admitió el fiscal. Sin embargo, aseguró que esas cuotas ya no se pagan y que el estado “recuperó el control” del territorio.
La revelación confirma una realidad conocida pero pocas veces aceptada públicamente: que alcaldes de Chiapas estuvieron bajo presión o complicidad con grupos criminales. No obstante, ni el fiscal ni el secretario revelaron qué municipios estuvieron involucrados, ni cuántos funcionarios fueron investigados o castigados.
Tampoco se explicó cómo se detuvo el flujo de dinero hacia el crimen organizado, ni qué mecanismos de fiscalización se aplicaron para garantizar que los recursos públicos ya no terminen en manos del narco.
La declaración ocurre en medio de una serie de operativos de alto perfil en regiones como la Sierra, la Frailesca y la frontera con Guatemala, donde recientemente se detuvo a líderes criminales como El Mango y El Chorizo.
Pero mientras se habla de avances, la ciudadanía sigue sin ver justicia contra funcionarios que colaboraron, permitieron o financiaron al crimen desde el poder municipal.
La información fue dada a conocer públicamente en la conferencia de prensa encabezada por el fiscal del estado y el secretario de Seguridad del Pueblo.
