El Congreso del Estado aprobó una reforma que cambia la estructura del Poder Judicial. ¿Quiénes están detrás de estos cambios y qué intereses hay en juego?
Un golpe de autoridad o un ajuste necesario en la justicia chiapaneca
La reforma al Poder Judicial de Chiapas ha generado intensos debates sobre su impacto real en la administración de justicia, pero también ha levantado cuestionamientos sobre los intereses políticos que podrían estar detrás de estos cambios.
La elección de jueces por voto popular, la eliminación del Consejo de la Judicatura, la creación de nuevos órganos y la desaparición de fideicomisos no solo modifican la impartición de justicia, sino también el control del sistema judicial en el estado.
Organizaciones y especialistas han señalado que esta reforma podría no estar motivada solo por la búsqueda de transparencia, sino también por la intención de fortalecer la influencia del poder político sobre el Poder Judicial.
¿Quiénes impulsaron la reforma y por qué?
Los principales promotores de la reforma han sido el Congreso del Estado de Chiapas y el Ejecutivo Estatal, quienes han argumentado que los cambios garantizarán una justicia más democrática y accesible para los ciudadanos.
📌 El Congreso del Estado:
- Ha defendido la reforma argumentando que la elección de jueces por voto popular fortalecerá la democracia.
- Legisladores han insistido en que los fideicomisos judiciales eran un mecanismo opaco para el manejo de recursos.
📌 El Poder Ejecutivo:
- Ha asegurado que la reforma busca acabar con prácticas corruptas dentro del Poder Judicial.
- Ha impulsado la eliminación de privilegios en el sector, como altos sueldos y beneficios económicos para jueces y magistrados.
Sin embargo, abogados y analistas han señalado que estos cambios también otorgan un mayor control del Poder Ejecutivo sobre el sistema judicial, lo que podría comprometer la independencia de la justicia en Chiapas.
Las dudas sobre la independencia judicial en el nuevo modelo
Pese a la narrativa oficial de que la reforma es un paso hacia la democratización de la justicia, varios factores generan preocupación sobre el impacto real de estos cambios en la imparcialidad del sistema.
🔴 1. Elección de jueces por voto popular: un riesgo de politización
- Si bien la intención es hacer que la justicia sea más accesible, el riesgo de que jueces sean electos con apoyo de partidos políticos es alto.
- La historia muestra que en otros países donde se ha implementado este sistema, los jueces han terminado tomando decisiones con criterios políticos y no jurídicos.
🔴 2. Eliminación del Consejo de la Judicatura: ¿quién supervisará a los jueces?
- Con la desaparición de este órgano, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial asumirá el control de las sanciones.
- Sin embargo, este tribunal también será electo por voto popular, lo que abre la posibilidad de influencias políticas y conflictos de interés.
🔴 3. Eliminación de fideicomisos: ¿mayor control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial?
- Eliminar fideicomisos significa que el Poder Judicial dependerá completamente del presupuesto asignado por el Congreso del Estado.
- Esto podría traducirse en un sistema más vulnerable a presiones políticas y restricciones presupuestarias en función de intereses gubernamentales.
El impacto en comunidades indígenas y sectores vulnerables
Uno de los sectores que más resiente la falta de acceso a la justicia en Chiapas es el de las comunidades indígenas y sectores marginados.
Si bien la reforma promete acercar la justicia a estos grupos, no contempla estrategias claras para eliminar las barreras que actualmente enfrentan:
✔ Falta de intérpretes y jueces indígenas.
✔ Tribunales lejanos y costos elevados de procesos legales.
✔ Falta de mecanismos eficientes para resolver conflictos agrarios y territoriales.
Sin una estrategia específica para fortalecer el acceso a la justicia en estos sectores, las reformas corren el riesgo de seguir beneficiando solo a quienes ya tienen poder dentro del sistema.
¿Qué sigue para la justicia en Chiapas?
Con la reforma aprobada, Chiapas entra en una nueva era judicial que se pondrá a prueba en 2027, cuando se celebren las primeras elecciones de jueces y magistrados por voto ciudadano.
Los desafíos serán enormes:
✔ Garantizar que los jueces sean elegidos por su capacidad y no por influencias políticas.
✔ Evitar que la justicia en Chiapas se convierta en una plataforma electoral más.
✔ Asegurar que el Poder Judicial tenga recursos suficientes para operar con independencia.
El riesgo de que estos cambios sean utilizados como una herramienta de control político es real. Ahora queda en manos de la sociedad civil, los abogados y los propios jueces vigilar que la reforma realmente fortalezca la justicia y no la convierta en un sistema aún más vulnerable a los intereses del poder.
