¡Deuda millonaria en Chiapas! Más de 12 mil millones por refinanciar

El nuevo gobierno hereda una deuda pública de más de 12,325 millones de pesos, con saldos en cuentas bancarias y contratos financieros que deberán refinanciarse.

¿Qué dejó el gobierno saliente?
El gobierno que concluyó su administración el pasado 8 de diciembre de 2024 dejó una deuda pública millonaria, que asciende a $12,325,015,377.80. Esta cifra representa el saldo pendiente de contratos de crédito a largo plazo con diversas instituciones financieras.

Los principales acreedores del estado
De acuerdo con los registros oficiales, el gobierno estatal tiene deudas con instituciones bancarias como:

• Banco Santander (México), S.A.: Saldo de $657,514,960.93.
• Banco Mercantil del Norte, S.A.: Saldo de $1,631,429,236.00.
• Banco BBVA Bancomer, S.A.: Saldo de $825,196,146.59.
• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras): Dos contratos con saldos de $6,732,836,271.55 y $2,478,038,762.73 respectivamente.

En total, los saldos suman más de $12 mil millones de pesos, lo que equivale al 84% del monto original contratado, que fue de $14,594,136,754.22.

¿Qué significa refinanciar la deuda?
El gobierno actual está autorizado para contratar nuevos financiamientos, hasta por el monto total de la deuda, con el objetivo de mejorar las condiciones de los créditos existentes. Esto incluye buscar tasas de interés más bajas y ampliar los plazos de pago.

¿Qué pasa con los recursos en cuentas bancarias?
Además de la deuda, el estado cuenta con fondos depositados en cuentas bancarias, administrados a través de la Tesorería Única. Estos recursos deberán ser utilizados exclusivamente para garantizar el pago de la deuda o financiar proyectos previamente autorizados.

Impacto en los ciudadanos
El refinanciamiento busca aliviar la presión financiera en el corto plazo, pero también podría comprometer recursos futuros si no se gestionan adecuadamente. Esto significa que los ciudadanos deberán estar atentos a cómo se manejan estas operaciones, ya que impactan directamente en el presupuesto destinado a salud, educación e infraestructura.