La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) emitió un documento donde solicita un alto a la violencia en Chiapas y donde comunicó que el 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescentes, por la falta de clases pero también por los desplazamientos, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios.
Lo anterior, dijo la organización, pone en riesgo su vida e integridad y vulnera sus derechos humanos, toda vez que la vida cotidiana se ha trastocado por bloqueos que impiden salir o entrar a comunidades, cierre de negocios, pérdida de cultivos, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres y más.
En una relatoría de hechos de cómo el crimen organizado ha ganado territorios y ha desplazado a personas en municipios fronterizos como Motozintla, Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa y Siltepec; y de la Selva en comunidades de Ocosingo como Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier; lamentó la falta de clases.
“Si consideramos el total de la población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023”.
Alerta Chiapas entrevistó a la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez, el 22 de noviembre de 2023 y se cuestionó cómo la institución recuperaría el cliclo escolar en la zona en conflicto. Su respuesta, contundente, fue que sí había clases, a pesar de los reportes que señalaban que las y los docentes no estaban llegando a las aulas ante la ola de violencia.
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Aunque indicó que no existen datos exactos que precisen la complejidad del problema en la niñez y adolescencia, puntualizó que sumando a la población de cero a 17 años de las comunidades afectadas, son aproximadamente 31 mil 710 niñas, niños y adolescentes perjudicados por la violencia criminal durante 2023 y hasta enero de 2024.
La cifra anterior no incluye a quienes han resultado afectados en otros municipios donde se han generado actos de violencia como Pantelhó, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Tila y Ocozocoautla, que también se han quedado sin clases.
