El 1 de enero entrará en vigor la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Chiapas y sus Municipios, donde se obliga a los organismos públicos a indemnizar a la ciudadanía que resulte afectada por acciones u omisiones.
De acuerdo con el decreto número 209 aprobado por el Congreso del Estado, pone las bases, los límites y los procedimientos para que la ciudadanía ejerza el derecho a la indemnización por daños en sus bienes y derechos ante una actividad administrativa irregular por el Estado y los municipios.
El abogado Manuel Alejandro Cruz Islas ejemplificó que en Tuxtla Gutiérrez, si un ciudadano cae en un bache y su vehículo resulta con daños, podrá interponer una demanda administrativa ante un juzgado del Poder Judicial del Estado para que le paguen por los daños.
La actividad administrativa irregular, como se le llama al acto según el artículo 3, la describe como la “acción u omisión de los organismos públicos que cause daño a los bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño que se trate”.
El artículo 2 de la ley, refiere que los sujetos obligados serán organismos públicos de los tres poderes, los Ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos.
También deja en claro que aquellos casos fortuitos o de fuerza mayor o hechos y circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar, quedarán exceptuados de la obligación de indemnizar.
Para que los organismos puedan pagar los daños, el artículo 7 les mandata incluir en sus presupuestos una partida para poder cubrirlos, el cual no podrá exceder el equivalente al 0.3 al millar del Presupuesto de Egresos del Estado, cuya adecuación será autorizada por la Secretaría de Hacienda.
