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Manuel fue detenido el 29 de mayo y presentado 24 horas después con un delito fabricado de posesión de drogas. El 31 de mayo por la noche fue liberado y reaprehendido por la fabricación del delito de homicidio calificado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (en adelante Frayba) ha documentado la criminalización y fabricación de delitos realizada por parte de las autoridades a Manuel Santiz Cruz (Manuel) de 44 años de edad, hablante de la lengua maya tseltal, defensor de los derechos humanos y Presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la Parroquia de San Juan Cancuc, así como de Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez.

Manuel fue detenido el 29 de, mayo alrededor de las 9 de la mañana, por la Policía Municipal de San Juan Cancuc, acompañada por la Guardia Nacional. Sin saber las razones de su detención fue trasladado a la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas y presentado el 30 de mayo -24 horas después- con un delito fabricado de posesión de drogas. El 31 de mayo por la noche fue liberado y reaprehendido a través de la fabricación del delito de homicidio calificado.

El día de hoy 01 de junio alrededor de las 10:30 am., familiares de los detenidos, junto con integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, se encontraban en el Juzgado de control, en este lugar fueron detenidos sin órdenes de aprehensión dos personas más: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, quienes testificaron a favor de Manuel; hasta el momento se desconoce su paradero,  además de que los abogados del Frayba y observadoras internacionales de Swefor fueron amenazados por la policía estatal.

Frente a  la fabricación  de culpables que representa el aparato de justicia en Chiapas, ahora utilizado en contra del defensor de derechos humanos Manuel Santiz Cruz, así como a Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, señalamos que su criminalización a la defensa de la vida se da en un contexto de oposición al desarrollo de la Súper Carretera San Cristóbal -Palenque que forma parte del desarrollo de megaproyectos turísticos en la región impuestos sin consulta previa libre,  informada y con pertinencia cultural, violando el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; los pueblos tseltales han manifestado también su desacuerdo ante la presencia del Ejército mexicano y la Guardia Nacional en su territorio.

Desde el Frayba hacemos un llamado al Estado mexicano y a las autoridades del estado de Chiapas a detener la fabricación de delitos y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, de la tierra y del territorio en medio de la militarización e imposición de proyectos en zonas habitadas por pueblos originarios del Estado de Chiapas, en este caso del pueblo maya tseltal de San Juan Cancuc.

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