Por Gustavo Caballero  (@Gusmx2)

La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), una de las 10 universidades públicas de México que actualmente enfrentan una grave crisis financiera, se negó a firmar un convenio con la Secretaria de Educación Pública (SEP), para que el gobierno federal rescate las finanzas de la institución.

 

 

La UNACH, que al cierre de 2018, tenía un déficit financiero de casi los 5 mil millones de pesos, negó fimar el convenio por que “las Universidades estatales que resulten apoyadas por la Federación para el fortalecimiento de sus finanzas, deberán formalizar el convenio respectivo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), en donde deberán obligarse, entre otros aspectos, a garantizar la sustentabilidad financiera, y el cumplimiento de dicho instrumento será objeto de fiscalización por parte de los entes públicos federales”, establece el convenio.

 

 

Es decir, para hacerse acreedora del beneficio, la UNACH debería someterse a una exaustiva auditoria y fiscalización de recursos. De acuerdo a fuentes al interior de Rectoría, el gobierno que encabeza Rutilio Escandón le ordenó al Rector Carlos Natarén, negarse a la firma del convenio de rescate, y a cambio el gobierno estatal le abasteció de los recursos que necesitaba para cerrar el 2018, unos 320 millones de pesos.

 

 

La negativa a firmar el acuerdo de rescate integral y permitir la fiscalización de recursos, solo puede entenderse en el marco de dos hechos: la UNACH es una de las Universidad que participó en el fraude orquestado desde la Secretaría de Desarrollo Social (ahora llamada Secretaría para el Bienestar), que medios de comunicación bautizaron como “La Estafa Maestra”; y el segundo hecho es que en el periodo en que se llevó a cabo ese fraude la Universidad estuvo dirigida por quien actualmente ocupa el cargo de Jefe de Asesores del Gobierno del Estado, Carlos Eugenio Ruiz Hernández.

 

 

Ahora, el actual Rector, Carlos Natarén, debe debe solucionar el déficit financiero y de momento, la acción que popone es apretar el bolsillo del personal docente, congelando las plazas de maestros que se han jubilado o fallecido, y suspendiendo las recategorizaciones a las que tienen derecho los maestros de esa institución.

 

 

En el marco de las negociaciones del Contrato Colectivo del Trabajo, el Sindicato del Personal Académico (SPAUNACH) solicitó que se mantengan vigentes las plazas y las recategorizaciones. Y de acuerdo a cómo se ha establecido en administraciones anteriores, 35 de esas plazas sean concursadas entre sus afiliados, respetando en todo momento los lineamientos establecidos en la normatividad universitaria; es decir, que las plazas sean concursadas por maestros con grado académico mínimo de Maestría, que tengan proyectos de investigación, entre otros méritos. Y además, que en la designación de las plazas participé una comisión mixta en la que esté representado Rectoría, las direcciones de cada Facultad, y el Sindicato. Es decir, que el proceso se haga con transparencia y legalidad.

 

 

Sin embargo, el Rector Carlos Natarén se negó a tal propuesta, bajo el argumento de que la universidad debe enfrentar la crisis económica haciendo “ajustes”. En protesta ante esta medida que afecta a los docentes, el SPAUNACH determinó realizar la toma simbólica del edificio de Rectoría, y paros académicos esporádicos.

 

 

En entrevista con medios de comunicación, los maestros sindicalizados le exigieron al Rector el concurso de las 35 plazas para los afiliados, la continuación de las recategorizaciones; y que presente un plan de auteridad integral, donde se ajusten los recursos de todos y cada uno de los centros de investigación y facultades,  además de permitir la fiscalización y auditoría de los recursos que administraron sus antecesores, a fin de que el gobierno federal pueda inyectar recursos para rescatar a la Universidad.

 

 

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