Fraude de 100 mil pesos del PACMyC quedó inconcluso y sin comprobación.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Chiapas notificó, mediante edicto publicado en el Periódico Oficial No. 122, el inicio del Procedimiento Administrativo 1/D/2026-A en contra de Alexander Fernández Valdez, quien fuera Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (CONECULTA).
La notificación se hace por edicto —“donde se encuentre”— señal de que la autoridad no logró ubicarlo por vías ordinarias, y transcribe íntegro el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa que la Contraloría de Auditoría Pública en Organismos Desectorizados emitió en su contra el pasado 31 de diciembre de 2025.
El caso de fondo es un fraude de 100 mil pesos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), entregados en 2019 a un beneficiario para un documental sobre bodas tsotsiles que nunca se concluyó ni se comprobó, salvo por apenas 5 mil 868.56 pesos.
Cuando el expediente de esa denuncia llegó a manos de Fernández Valdez en abril de 2021 para iniciar la vía legal correspondiente, el funcionario lo dejó prácticamente congelado: tardó siete meses en devolverlo con un pretexto administrativo, y entre 2021 y 2024 acumuló largos periodos de silencio e inacción, incluido todo un año —2022— sin ninguna gestión registrada.
La autoridad investigadora calificó su conducta como Falta Administrativa No Grave, al considerar que incumplió la obligación —expresa en el Reglamento Interior de CONECULTA y en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado— de dar seguimiento eficaz y oportuno a una denuncia que él mismo reconoció, por escrito, ya turnada como asunto penal ante la entonces Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
El expediente documenta cómo, pese a los recordatorios reiterados de la Unidad Regional de Culturas Populares, el jefe jurídico dejó pasar el tiempo sin ejercer las facultades de representación legal y cobranza que su cargo le confería.
Con la publicación del edicto corre ya el plazo legal para que Fernández Valdez comparezca a ejercer su defensa dentro del procedimiento; de no hacerlo, el proceso continuará en su ausencia.
El caso se suma a una lista creciente de expedientes de responsabilidad administrativa que exhiben cómo la omisión burocrática —tanto como el desvío directo de recursos— puede dejar impune, durante años, el manejo indebido de dinero público destinado a la cultura comunitaria.
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