Cerca de 2 millones de habitantes dependen de sistemas comunitarios para acceder al vital líquido.
Cerca de dos millones de personas en Chiapas, una de cada tres, dependen parcial o totalmente de sistemas comunitarios de agua para tener acceso al vital líquido, según reveló la Alianza Aguas Comunes.
La organización advirtió que garantizar el derecho humano al agua en el estado será inviable si la nueva Ley de Aguas no reconoce ni fortalece a estos sistemas, sostenidos por comités, patronatos y asambleas vecinales ante la ausencia de servicios públicos municipales.
El contraste entre las cifras oficiales y la realidad es marcado. Mientras el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI reportaba una cobertura del 89.4%, un análisis con datos de la ENIGH 2024 muestra que solo el 47.3% de los hogares chiapanecos cuenta realmente con una toma de agua domiciliaria, y apenas el 41.2% la recibe de forma diaria.
La brecha se agrava en municipios rurales e indígenas, donde la infraestructura pública prácticamente no existe.
Ante ese vacío, la Alianza —integrada por 12 organizaciones que junto con RED+AGUA Chiapas suman 19 colectivos en la entidad— propuso al Congreso y a las autoridades estatales cinco pilares para la reforma legal: reconocimiento formal de los sistemas comunitarios, corresponsabilidad entre Estado y comunidades, capacitación técnica y financiamiento, mecanismos permanentes de coordinación municipal, y un registro simple y gratuito de los sistemas existentes.
La organización, cuyo trabajo ha beneficiado a más de 120,000 personas en 321 comunidades del sureste mexicano, insistió en que la gestión comunitaria no busca sustituir al Estado, sino complementarlo.
“Reconocer el trabajo de los comités e invertir en su fortalecimiento es la única vía real para que Chiapas cumpla con el derecho humano al agua”, concluyó la Alianza.
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