Más de 4 mil personas entre propietarios originales, hijos y nietos han sido afectados por el desplazamiento.
Más de 440 propietarios perdieron hace 32 años alrededor de 42 mil hectáreas destinadas al cultivo de maíz, frijol, café y a la ganadería, en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas.
Afirman que las secuelas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, siguen sin resolverse. Desde ese entonces, precisaron, no han podido regresar a sus tierras.
“Ha sido un sacrificio tremendo, un sufrimiento muy grande porque fuimos víctimas. Porque se generó por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional cuando de alguna manera le declaró la guerra al gobierno mexicano, y los afectados colaterales fuimos nosotros, los propietarios de los municipios de Ocosingo, Margaritas y Altamirano”, señaló Augusto Garcia.
Augusto García Álvarez, presidente del Consejo de Vigilancia de la Asociación Civil de Desplazados Forzados de la zona de conflicto, explicó que las autoridades estatales y municipales han reconocido por escrito que el acceso a esos predios representa un riesgo para la vida.
En total, más de 4 mil personas entre propietarios originales, hijos y nietos han sido afectados por el desplazamiento.
“Hasta la fecha no hemos tenido el cobijo de la justicia plena que le corresponde a todo ciudadano de tener el derecho de la libertad de tener una tierra, un techo que nos cobije y dedicarnos a la labor que nos corresponda eh en plena libertad y que desgraciadamente fuimos obstruidos en los años en que más necesitábamos del apoyo de de la autoridad”, detalló.
Los afectados esperan que en aproximadamente tres semanas un tribunal colegiado emita la sentencia definitiva que ordene al gobierno indemnizarlos, conforme a los convenios internacionales sobre desplazados internos forzados establecidos por la ONU.
Un amparo previo ya fue resuelto a su favor; este fallo sería la última instancia legal disponible en México.
“Pues mire, usted, esos terrenos desafortunadamente hay muy poca producción que hay de por medio porque también la certeza jurídica de la gente que está allá dentro no la tiene, porque la tierra y la y la certeza jurídica la tenemos nosotros, porque las escrituras y y todo eso está a nuestro nombre”, sostuvo.
Los afectados mantienen los títulos de propiedad actualizados y han realizado juicios sucesorios para que los herederos de quienes ya fallecieron puedan recibir la indemnización correspondiente.
