Frenan el ingreso de invasores a zonas protegidas
Una crisis por invasiones persiste en Chiapas, principalmente en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, donde se han reportado cerca de 40 mil viviendas y 160 mil personas ocupando, de manera ilegal, zonas de conservación del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Este hecho, reportan las autoridades ambientales, ha afectado alrededor de 3 mil hectáreas de flora y fauna protegidas.
En respuesta, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), gracias a la denuncia ciudadana, logró frenar un intento de invasión que personas planeaban ejecutar en la zona conocida como Vida Mejor / Independencia 2000.
En el lugar se identificó a los presuntos infractores Fabián N., Ana José N. y Cristina N., quienes habían dañado el muro perimetral y la malla de contención que delimitan el Área Natural Protegida (ANP) de la zona urbana.
Como informó Alerta Chiapas, en este mismo parque recientemente se registró el nacimiento de una tercera cría de mono araña en libertad, un avance ecológico que contrasta con la presión humana sobre la zona protegida.
Derivado de estos hechos, las autoridades han hecho un llamado a la población para denunciar cualquier acto de invasión, a fin de atenderlo conforme a la ley y frenar su incidencia.
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No se puede decir que todos son invasores, cuando en un area que es propiedad social habitan ejidatarios y avecindados desde 1994, del Ejido Francisco I. Madero. Donde sí hay invasores, es en la zona conocida como BellaVista Loma Larga en donde actualmente están urbanizando el Ayuntamiento Municipal, con calles a invasores que afectaron al ejido Francisco I. Madero, considerándolos como supuestos invasores por no estar reconocidos con documentación alguna, su posesión ante el núcleo agrario y estos abusivos tienen construcciones y tierras de cultivo. Por lo que es preocupante ya que en ese presunto Decreto Modificatorio se indica que regularizara las posesiones el INSUS, sin tomar en cuenta que hay terrenos ejidales amparados con Carpeta Agraria con Planos y certificados de Uso Común derivados del programa PROCEDE, que ejecuto el Gobierno Federal, en un area no afectada por el Referido Decreto de 1980, por no tener planos inscritos ante el RAN, de la supuesta area de afectación según información del PHINA (Historial Agrario ante el RAN), del ejido en cuestión y por consecuencia al no indemnizar al ejido, ni marcar el area afectada al ejido, por parte del Sector Agrario, el cual otorgó su aprovechamiento de esas tierras a avecindados reconocidos ante el RAN y no a invasores, deberían checar bien su propuesta de Decreto Modificatorio para correr linderos y respetar posesiones de avecindados y ejidatarios reconocidos.
Para su conocimiento, el ejido Francisco I Madero se constituyó por Resolución Presidencia de una acción de Dotación de Tierras de fecha 31 de Enero de 1940, con( CLAVE UNICA REGISTRAL: 0714109621693847 ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL) y posteriormente mediante un Decreto Expropiatorio mal elaborado y ejecutado se Conforma la Reserva del Cañón del Sumidero, de fecha 08 de Diciembre de 1980, dónde supuestamente parte del ejido antes referido fue afectado por el referido Decreto Expropiatorio, reiterando, el cual fue mal integrado y mal ejecutado en virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria, no ubico el área de afectación ni se integró el expediente expropiatorio que afecta al ejido, por lo que no se indemnizo al ejido en cuestión, ni se vio reflejado dicha afectación en el PHINA (Antecedentes Agrarios del Ejido Referido), por lo que el ejido efectuó y aplico con apoyo de Dependencias Agraria Federales el Programa PROCEDE, en 29 DE OCTUBRE DEL 1994, en apego a la Ley Agraria, delimito la supuesta área afectada como parte de un polígono de tierras de uso común e integro planos como parte de su Carpeta Agraria y expidió el Registro Agrario Nacional, certificados de uso común a cada ejidatario, derivado de la aplicación de este Programa del Gobierno Federal, fortaleciendo en consecuencia que le pertenece al ejido esa propiedad social conocida como LOMA LARGA, al fortalecer su seguridad jurídica con el PROCEDE.