Habitantes de Amador Hernández exigieron a la alcaldesa Angélica Méndez Cruz cumplir los compromisos pendientes. Denunciaron falta de infraestructura, servicios de salud, educación y electrificación, acusando que sus demandas históricas han sido ignoradas.
Comunidades tseltales de la región Amador Hernández, en el municipio de Ocosingo, marcharon el pasado 23 de septiembre para exigir a la alcaldesa Manuela Angélica Méndez Cruz atender las demandas históricas de infraestructura, salud, educación y electrificación. Los inconformes acusaron que, pese a los compromisos asumidos en campaña, sus necesidades permanecieron en el abandono.
La movilización reunió a pobladores de los ejidos Candelaria, Pichucalco, Amador Hernández, El Guanal, Plan de Guadalupe y rancherías aledañas, quienes hicieron un llamado a los tres niveles de gobierno para instalar una mesa de negociación en la propia región, ubicada a 130 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo.
En un pronunciamiento dirigido a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a la prensa y a organizaciones de la sociedad civil, los manifestantes denunciaron que la edil aseguró públicamente que las comunidades estaban siendo atendidas, lo cual calificaron de “mentira”. Señalaron que algunas personas afines a la alcaldía habrían sido utilizadas para desmentir sus reclamos, lo que provocó división interna.
“Estamos declarando pacíficamente y exigiendo nuestros derechos. No estamos escandalizando, queremos alternativas y soluciones”, señalaron representantes de la región, quienes subrayaron que su territorio se encuentra en condiciones de alta marginación.
Los inconformes reiteraron que continuarán con sus pronunciamientos hasta recibir una respuesta favorable a sus demandas, y advirtieron que no reconocerán como interlocutores a quienes, dijeron, han sido aliados políticos de la presidenta municipal.
El documento comunitario fue firmado por autoridades auxiliares, entre ellos Romaldo López Ruiz, del ejido Plan de Guadalupe, quien recalcó que las comunidades no dejarán de exigir la atención que consideraron un derecho.