Habitantes de Nicolás Bravo denunciaron que pobladores de Río Grande instalaron una tubería en un manantial sin consentimiento y con amenazas de despojo. En Unión Juárez, señalan cobros de “derecho de piso” a jóvenes a cambio de constancias falsas del RAN, lo que agrava el clima de violencia.
En los últimos días, el municipio de Tila, enfrenta una tensión social derivada de conflictos por la tenencia de la tierra y la falta de acceso al agua. Habitantes de distintas localidades han denunciado extorsión, amenazas y supuestos abusos por parte de grupos locales que operan de manera autónoma.
La escasez de agua ha provocado un conflicto directo entre las localidades de Nicolás Bravo y Río Grande. Según denuncias de pobladores de Nicolás Bravo, un grupo de Río Grande, identificado como “representantes delincuenciales autónomos”, llegó a su comunidad para instalar una tubería en el manantial conocido como Ojo de Agua.
Esta acción se realizó sin el consentimiento de los habitantes de Nicolás Bravo, causando daños a parcelas y propiedades. Los presuntos agresores habrían amenazado a los locales con despojarlos de sus tierras si se oponían al paso de la tubería. Además, los pobladores de Río Grande afirman haber cooperado mil pesos para la obra, pero los denunciantes sostienen que el dinero proviene del ayuntamiento, lo que plantea un mal manejo de recursos.
Mientras que, en la localidad de Unión Juárez, también ejido de Tila, se ha denunciado una presunta extorsión generalizada. Habitantes reportan que un grupo liderado por el representante del comisariado ejidal, el agente rural municipal y un individuo señalado como el principal generador de violencia, está cobrando un “derecho de piso” de mil pesos a jóvenes y adolescentes de 12 años en adelante.
A cambio de este pago, se les promete una “constancia de Registro Agrario Nacional” (RAN), lo que supuestamente les otorgaría derechos y protección dentro del ejido. La denuncia señala que esta medida es una imposición que busca controlar a la población.