Persisten barreras como la falta de presupuesto, insumos y condiciones en hospitales para garantizar el acceso real a la interrupción legal del embarazo.
A pesar de la despenalización del aborto en varios estados, entre ellos Chiapas, el acceso a este procedimiento médico seguro sigue enfrentando importantes barreras, según Patricia Sánchez, fundadora y presidenta de Mi Útero Feliz A.C. y enfatiza que la despenalización es solo el primer paso legal y no garantiza que las mujeres puedan ejercer plenamente su derecho.
La activista señala que la lucha ahora se centra en superar obstáculos como, la falta de presupuesto e insumos en los hospitales y clínicas, ya que carecen de los recursos económicos y materiales necesarios para ofrecer el servicio de interrupción legal del embarazo.
Además, existe una capacitación deficiente, lo que significa que el personal médico y de salud no está preparado para realizar estos procedimientos, lo que genera desinformación y falta de servicios.
Aunque la ley exige que cada centro de salud cuente con personal sin objeción de conciencia, esta norma no siempre se cumple, explicó Sánchez.
Señaló que lo ideal es que las mujeres deberían poder acudir a cualquier clínica, pero la realidad es muy diferente, especialmente para aquellas que viven en zonas rurales o de difícil acceso.
Patricia Sánchez rechaza la idea de que la despenalización sea una “letra muerta”. Sostiene que es un logro significativo porque evita la criminalización de las mujeres. Sin embargo, recalca que para que la despenalización sea verdaderamente efectiva, las instituciones de salud deben trabajar de manera activa para implementar los cambios necesarios.
Finalmente, la presidenta de Mi Útero Feliz A.C. subraya que este logro legal no es un regalo de los políticos, sino el resultado de años de lucha de las colectivas feministas y activistas.