Sandra Liliana Tamayo Flores, encargada del área de informática en el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública de Chiapas, denuncia un despido que califica de abrupto e injustificado.
La directora del Instituto, Selene López León, en compañía del jurídico en compañía de su jurídico, Edgar Aguilar Ruiz, se escucha en una grabación que admite la orden de despido, alegando que actuó bajo instrucciones de “su jefa”.
Inicialmente, la directora ofreció a Sandra tres quincenas como compensación, pero luego se retractó, diciendo que solo serían dos.
La víctima señala la contradicción entre este despido y la misión del Instituto de proteger a los más vulnerables.
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