Una nueva estrategia implementada por el gobierno de Chiapas ha desatado opiniones encontradas entre la ciudadanía.
Según el anuncio, el 40% de las multas de tránsito será destinado directamente a los agentes que las emiten, con el objetivo de combatir la corrupción y dignificar la policía laboral. Sin embargo, la iniciativa ha generado preocupación, especialmente por el posible incremento de multas arbitrarias.
“Está muy confuso, sería un arma de doble filo, en parte bien, en parte mal”, opinó un ciudadano entrevistado. Otro agregó: “No creo que sea justicia social, más bien puede ser una provocación para que nos estén multando por cualquier cosa”.
Mientras tanto, hay quienes consideran que la medida podría ayudar a reducir los actos de corrupción, siempre y cuando exista un control adecuado. Sin embargo, el desconocimiento del reglamento de tránsito se suma a las preocupaciones de que las sanciones puedan convertirse en un mecanismo arbitrario de recaudación.
Para que la estrategia cumpla su objetivo, la ciudadanía exige transparencia en su implementación. Es fundamental que se informe claramente sobre el reglamento de tránsito, las razones de las sanciones y los procedimientos para evitar abusos de autoridad.
Mientras continúa el debate, los chiapanecos esperan que esta medida realmente combata la corrupción sin convertirse en un incentivo para prácticas arbitrarias que perjudiquen a la población.
