Colectiva Cereza y familiares niegan suicidio y señalan omisiones del gobierno estatal
Familiares y el equipo jurídico del Colectiva Cereza Chiapas señalaron este miércoles la indiferencia y las omisiones que el Gobierno de Chiapas ha mostrado hacia el caso de Adolfo Gómez Gómez, indígena tsotsil que vendía aretes y collares de ámbar y turquesa en el Centro Histórico de San Cristóbal, originario de Chingtón, Ixtapa, detenido y responsabilizado por la desaparición del niño Dylan Esaú, en 2020.
Las abogadas de la Colectiva Cereza señalaron que tras el deceso del señor Adolfo Gómez, han emitido dos recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), una por la detención de las mujeres y otra por la presunta tortura y muerte de Adolfo.
Sin embargo, acusan a la Fiscalía General del Estado, así como a la ahora Secretaría de Seguridad del Pueblo, de haber mostrado apatía ante el caso a lo largo de cinco años.
“La verdad es que con esta recomendación nosotras esperábamos que tanto la Fiscalía General del Estado, como la Secretaría de Seguridad del Pueblo, aceptaran la recomendación, en la línea del humanismo y de reconocer errores del pasado y de la reparación del daño y no repetición para las familias. Pasó que no aceptaron la recomendación”, precisaron.
En este sentido, las abogadas indicaron que las autoridades estatales determinaron, por segunda ocasión, la no acción penal a la recomendación sugerida para carpeta de investigación por el homicidio de Adolfo Gómez, antes de que terminara la fecha límite en el que el Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, tuvieran para aceptarla.
Para ello, agregaron, las autoridades realizaron siete peritajes en un periodo de tres días, mismos que no habían hecho a lo largo de cinco años y de esta forma determinaron cómo improcedente la recomendación mencionada, y subrayaron su inconformidad con el escrito que la autoridad estatal presentó rechazando la recomendación de la CEDH, ya que indicaron, “no fue firmada por el Fiscal General del Estado, sino que fue firmada por el titular de la Fiscalía de Derechos Humanos”, por lo cual impugnaron dicho documento ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Cabe recordar que estos hechos derivan de la desaparición del niño Dylan Esaú en 2020, menor que fue robado en el Mercado Popular del Sur (Merposur) de San Cristóbal de Las Casas, el 30 de junio, y que 44 días después fue recuperado por la Fiscalía General del Estado (FGE), en el ejido Las Palmas del municipio de Cintalapa, tras un fuerte operativo en donde resultaron detenidas Ángel Gómez Gómez y tres mujeres indígenas.
Finalmente, Nereida Gómez exige se esclarezca la muerte de su padre, quien, aseguró, fue víctima de tortura.
“Ya estoy cansada, porque tantos foros de prensa y que no lleguemos a la justicia, que el gobierno no nos ponga atención, de qué forma quisiera el gobierno que lo habláramos para que de verdad nos haga justicia, cinco años sufriendo la familia, no es una persona que quedó sufriendo, quedamos sufriendo 36”, puntualizó.
