Invasores ganaron tierras, pero habrá serias sanciones si violan nuevamente las leyes e intentan ingresar nuevos asentamientos al Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Están por concretar una solución a la histórica problemática de los asentamientos irregulares, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, que evita el castigo a la invasión y la está legitimando.
Las autoridades de Tuxtla Gutiérrez y el gobierno federal, anunciaron que están a la espera de la publicación de un decreto presidencial en el Periódico Oficial de la Federación, que establecerá un nuevo polígono para el Parque Nacional Cañón del Sumidero, con el fin de proteger sus recursos naturales y evitar nuevas invasiones.
Aunque se reconoce que algunas personas ya han ocupado tierras dentro del parque, habrá sanciones severas para quienes intenten establecer nuevos asentamientos, y con el documento buscan aplicar la ley sin tolerancia a quienes invadan.
Además, permitirá la regularización de miles de viviendas, en casi 3 mil hectáreas, donde han creado 91 colonias en los municipios de Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y en los límites de San Fernando, Soyaló y Usumacinta. Esta regularización vendrá con el compromiso que los habitantes deberán evitar nuevas invasiones que pongan en riesgo el ecosistema.
Como parte de las medidas de protección, se planea la construcción de una “barda natural y artificial” para delimitar el nuevo polígono del parque. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y otras instancias federales serán las encargadas de vigilar y hacer cumplir la ley, impidiendo así que la mancha urbana siga expandiéndose en esta reserva natural.
Es importante conocer que según Resolución Presidencial de fecha 31 de Enero de 1940, una gran parte de estos terrenos son propiedad social de ejidatarios, tierras de usó común del ejido Francisco I. Madero y que existe indefinición de linderos ya que según CONANP y PROFEPA fueron afectadas por Decreto Expropiatorio de fecha 08 de Diciembre de 1980, para conformar la Reserva del Cañón del Sumidero, sin indemnizar al ejido por la supuesta afectación del mismo, ni la entonces Secretaria de Reforma Agraria delimitó el área afectada, por éste, por lo que no pago indemnización alguna, por no estar inscrito el Decreto en el RAN, ni ubicada la supuesta área afectada, sin embargo los ejidatarios no han solicitado su restitución de sus tierras ante Tribunales Agrarios o impugnación por un Decreto mal integrado, por falta de asesoria de la Procuraduría Agraria, y ante desconocimiento los ejidatarios y Visitador Agrario de PA, ejecutaron el PROCEDE (programa de certificación y ratificación de linderos) en 1994 en apego a la Ley Agraria, expidiendo el Registro Agrario Nacional, su Carpeta Agraria al ejido con planos definitivos y certificados de uso común para cada ejidatarios, es decir fortalecieron su aspecto jurídico de que son terrenos ejidales, aclarando que los ejidatarios y avecindados reconocidos en el RAN, han tenido en posesión y explotado sus tierras, conociendo estos que desde 1992, el reparto agrario concluyó y sus tierras valen. Peor aún, presuntamente existe un proyecto de Decreto Modificatorio para correr linderos del área de afectación del Cañón y entregar la propiedad social al INSUS por considerarla área federal, sin indemnizar al ejido. Cuando nunca impugnaron el proceso de certificación desarrollado con el programa PROCEDE donde participo Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Secretaria de la Reforma Agraria y Notaría Publica, recuerden que están los Tribunales Agrarios, así de facil va afectar derechos de ejidatarios quitando Planos y certificados de usó común emitidos por el Registro Agrario Nacional, tan fácil lo ven???.1
No se puede decir que todos son invasores, cuando en un area que es propiedad social habitan ejidatarios y avecindados desde 1994, del Ejido Francisco I. Madero. Donde sí hay invasores, es en la zona conocida como BellaVista Loma Larga en donde actualmente están urbanizando el Ayuntamiento Municipal, con calles a invasores que afectaron al ejido Francisco I. Madero, considerándolos como supuestos invasores por no estar reconocidos con documentación alguna, su posesión ante el núcleo agrario y estos abusivos tienen construcciones y tierras de cultivo. Por lo que es preocupante ya que en ese presunto Decreto Modificatorio se indica que regularizara las posesiones el INSUS, sin tomar en cuenta que hay terrenos ejidales amparados con Carpeta Agraria con Planos y certificados de Uso Común derivados del programa PROCEDE, que ejecuto el Gobierno Federal, en un area no afectada por el Referido Decreto de 1980, por no tener planos inscritos ante el RAN, de la supuesta area de afectación según información del PHINA (Historial Agrario ante el RAN), del ejido en cuestión y por consecuencia al no indemnizar al ejido, ni marcar el area afectada al ejido, por parte del Sector Agrario, el cual otorgó su aprovechamiento de esas tierras a avecindados reconocidos ante el RAN y no a invasores, deberían checar bien su propuesta de Decreto Modificatorio para correr linderos y respetar posesiones de avecindados y ejidatarios reconocidos.
C. Tere
Para su conocimiento, el ejido Francisco I Madero se constituyó por Resolución Presidencia de una acción de Dotación de Tierras de fecha 31 de Enero de 1940, con( CLAVE UNICA REGISTRAL: 0714109621693847 ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL) y posteriormente mediante un Decreto Expropiatorio mal elaborado y ejecutado se Conforma la Reserva del Cañón del Sumidero, de fecha 08 de Diciembre de 1980, dónde supuestamente parte del ejido antes referido fue afectado por el referido Decreto Expropiatorio, reiterando, el cual fue mal integrado y mal ejecutado en virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria, no ubico el área de afectación ni se integró el expediente expropiatorio que afecta al ejido, por lo que no se indemnizo al ejido en cuestión, ni se vio reflejado dicha afectación en el PHINA (Antecedentes Agrarios del Ejido Referido), por lo que el ejido efectuó y aplico con apoyo de Dependencias Agraria Federales el Programa PROCEDE, en 29 DE OCTUBRE DEL 1994, en apego a la Ley Agraria, delimito la supuesta área afectada como parte de un polígono de tierras de uso común e integro planos como parte de su Carpeta Agraria y expidió el Registro Agrario Nacional, certificados de uso común a cada ejidatario, derivado de la aplicación de este Programa del Gobierno Federal, fortaleciendo en consecuencia que le pertenece al ejido esa propiedad social conocida como LOMA LARGA, al fortalecer su seguridad jurídica con el PROCEDE.