Por un largo tiempo, las redes sociales han evidenciado un patrón de maltrato animal que ha indignado a la sociedad y exige la aplicación estricta de la nueva ley.
En los últimos meses, el estado de Chiapas fue escenario de múltiples incidentes de crueldad animal que activaron las alarmas de la ciudadanía y defensores de los derechos de los animales. Desde envenenamientos masivos hasta maltrato doméstico, casos que resaltaron una urgencia en la aplicación estricta de la ley.
En febrero de este año, en la colonia El Roble en Tuxtla Gutiérrez, seis perros en situación de calle fueron envenenados, cuatro, no lograron sobrevivir. Estos perros, que contaban con el cuidado y alimentación de más de diez familias de la colonia, habían sido rescatados de diversas enfermedades y estaban esterilizados.
Posteriormente, en mayo, un video que se hizo viral mostró un nuevo caso de maltrato en San Cristóbal de Las Casas. Un joven fue captado arrastrando a su perro que se negaba a caminar, dejando de manifiesto que el maltrato animal no se limita con los que están en situación de calle, también ocurre dentro de los hogares, donde, según médicos veterinarios, confirman que 5 de cada 10 perros de compañía muestran señales de abandono, incluyendo la falta de higiene o atención médica.
Ese mismo mes y año, se alertó de una nueva modalidad utilizada por delincuentes en robos a casa habitación, donde los perros guardianes, eran envenenados para facilitar el acceso a las viviendas.
Estos casos se suman a incidentes previos, como el reportado en abril de 2021, cuando Alerta Chiapas documentó el suicidio de una perrita que se ahorcó con su propia correa, un hecho que generó protestas ciudadanas.
Ante la lucha incansable de las organizaciones de protección animal, que durante años han operado con recursos propios y sin respaldo gubernamental, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Chiapas, aprobó una reforma al Código Penal en materia de protección y cuidado de animales de compañía, que contempla sanciones severas para quienes cometan tratos crueles y abusos.
Esta reforma otorga a la Fiscalía General del Estado la facultad de ejercer acción penal contra toda persona que incurra en este tipo de conductas. Las sanciones van desde 6 meses hasta 5 años de prisión, multas económicas e incluso la inhabilitación profesional para quienes causen daño a los animales.