Activistas y defensoras de derechos humanos, exigen se respete la ley #3de3 contra la Violencia.
Según la ley, ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar, podrá obtener un empleo o cargo en el servicio público o ser registrada como candidata para ocupar un cargo de elección popular.
Se trata de la Ley 3 de 3 contra la violencia y que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional y que el pasado lunes 29 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Sin embargo, las Colectivas Feministas de Chiapas, exigieron al Congreso del Estado de Chiapas la Armonización de dicha ley de forma inmediata.
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