Aunque a nivel federal existen leyes que protegen laboralmente a las trabajadoras del hogar, en el ámbito local la situación es muy diferentes.
TVG, es una mujer indígena Tseltal que, en la búsqueda de mejores oportunidades de vida dejó su comunidad en los Altos de Chiapas para laborar en Tuxtla Gutiérrez, sin embargo lo que inició como un sueño terminó siendo una pesadilla, pues mientras era trabajadora del hogar remunerada, fue víctima de violencia sexual por parte del hijo de la dueña de la casa.
Del abuso sexual del que fue víctima, la mujer indígena quedó embarazada y aunado a esto también sufrió abusos psicológicos y laborales que atentaron contra su salud física, mental y su dignidad.
La historia de TVG es la de muchas mujeres indígenas de Chiapas, quienes además se enfrentan a discriminación y rechazo por parte de las autoridades de impartición de justicia, por lo que ante esto se inició una petición en Change.Org. con el título “El trabajo del hogar se va a regular”.
La petición va dirigida a las autoridades estatales, a fin de que establezcan regulaciones específicas para proteger a las trabajadoras del hogar de la violencia sexual; la petición cuenta hasta el momento con 6 mil firmas.
En la petición se señala que aunque a nivel federal existen leyes que protegen laboralmente a las trabajadoras del hogar, en el ámbito local la situación es muy dfirerente, pues es un tema en el que nadie ha pensado.
Según SEMlac, agencia informativa regional en América Latina y el Caribe, con perspectiva de género, que produce informaciones locales en Cuba y México en Chiapas hay 71 mil 600 trabajadoras del hogar que se encuentran más expuestas a múltiples riesgos y desventajas.
La mayoría de estas mujeres son mujeres jóvenes de origen indígena, en situación de pobreza, que viven en las zonas conurbadas de las ciudades o en entornos rurales próximos a grandes ciudades.
Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas señalan que en la entidad hay un registro de afiliiación de alrededor de 960 personas trabajadoras del hogar, de las cuales el 60% son mujeres y el 40 % hombres, por lo que en referencia a la cifra del SEMlac, en el estado solo el 1.3 % de personas que laboran en el hogar cuentan con seguridad social.
En la petición de Change. Org se menciona que “aunque el trabajo del hogar está reconocido en la Constitución Federal y en la Ley Federal del Trabajo, a nivel local no hay ningún ordenamiento legal que contenga disposiciones que reconozcan el derecho al trabajo del hogar en condiciones dignas. Que garantice la prestación del trabajo libre de acoso y violencia por razón de género, en especial de la violencia sexual, por lo que la regulación a nivel nacional no esta respondiendo al contexto social que se desarrolla en la región”.
