Eric Ordóñez

 

Tuxtla Gutiérrez.- En sesión remota del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desecharon las reformas a Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que el Congreso local de mayoría morenista aprobaron el pasado mes de junio en Chiapas.

 

La reforma desechada establecía -dentro de otros- que las y los miembros de Ayuntamientos que quieran reelegirse por el mismo cargo, deben solicitar licencia al cargo antes del 24 de septiembre de 2020 y las y los diputados antes del 6 de febrero de 2021.

 

“Las y los miembros de Ayuntamientos que quieran reelegirse por el mismo cargo, deben solicitar licencia al cargo antes del 24 de septiembre de 2020 y las y los diputados antes del 6 de febrero de 2021, precisó el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)”, explicó en entrevista para Alerta Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el pasado mes de septiembre luego de aprobarse dicha reforma.

 

Entonces detalló que para quienes ostentan un cargo público y desean aspirar a una diputación, tendrán como fecha límite para renunciar el 8 de marzo de 2021, y quienes quieran contender para formar parte de un Ayuntamiento antes del 6 de febrero de 2021.

 

En entrevista para Alerta Chiapas, detalló que para quienes ostentan un cargo público y desean aspirar a una diputación, tendrán como fecha límite para renunciar el 8 de marzo de 2021, y quienes quieran contender para formar parte de un Ayuntamiento antes del 6 de febrero de 2021.

 

Los magistrados de la Suprema Corte determinaron por mayoría de votos declarar la invalidez del Decreto 235 por medio del cual se emitió la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, y el Decreto 237 por medio del cual se emitió la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

 

Lo anterior, en virtud de que el poder legislativo de Chiapas reguló temas electorales sin haber consultado de manera previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe a los pueblos y comunidades indígenas de dicha entidad.

 

“El Pleno determinó que el contenido de las disposiciones aludidas incidía directamente en los intereses de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado, por lo que, como se ha establecido en múltiples precedentes, de acuerdo con los artículos 1 y 2° de la Constitución General y 6 del Convenio 169 de la OIT, las autoridades locales se encontraban obligadas a realizar una consulta de forma previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe en la que participaran dichos grupos”, cita el comunicado de la SCJ.

 

La máxima autoridad también determinó que la sentencia surtirá sus efectos de manera inmediata por lo que determinó la reviviscencia de la ley electoral vigente con anterioridad a la expedición de los citados Decretos, es decir, el Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

More

Deja un comentario