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Director del penal El Amate obstruye la defensa de los derechos humanos, niega acceso para documentar casos de tortura: Frayba

Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 22 Feb.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció la obstrucción al trabajo de defensa y promoción de derechos humanos, en la documentación de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes, por parte del Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número 14, El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa.

El Frayba fundada por el obispo Samuel Ruiz, una organización no gubernamental que documenta casos de Tortura y acompaña de manera integral a las víctimas y sus familiares, promoviendo la observancia y la defensa de los derechos humanos, señala que obstruir el trabajo de derechos humanos perfila al gobierno de Chiapas como un gobierno autoritario y represor.

El organismo relata en un comunicado que el 31 de enero de 2020, cuatro integrantes del Frayba, se presentaron en El Amate, para entrevistarse con seis personas que solicitaron al Centro la documentación por haber sido torturadas y quienes se encuentran en privación de su libertad. Sin embargo a pesar de seguir los protocolos se impidió el ingreso.

Explica que solicitó mediante oficio el acceso al penal y los defensores se identificaron, a pesar de ello se obstruyó la documentación de violaciones a derechos humanos: “El Director Juan José Trujillo Cruz, nos indicó que no podíamos ingresar, negando también la posibilidad de que las entrevistas se realizaran en los locutorios”.

El 4 de febrero, el Frayba relata que solicitó la autorización, por segunda ocasión mediante escrito, pero las autoridades penitenciarias del Estado de Chiapas volvieron a rechazar la petición.

Posteriormente, el día 17 de febrero, una de las personas que denunció actos de Tortura en su contra, pidió el permiso del acceso mediante oficio dirigido a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

“A pesar de las gestiones realizadas, las respuestas que recibió el Frayba fueron la negación y restricción, por parte de las autoridades penitenciarias, para llevar a cabo nuestro trabajo de documentación y defensa de los derechos humanos”.

Con la negativa señala el organismo, la SSPyPC impiden recibir los testimonios de manera directa, de las posibles víctimas de tortura, que se encuentran en El Amate.

En su denuncia, el Frayba dice que tiene el temor fundado de que las personas víctimas de posibles violaciones a los derechos humanos que están recluidas en ese penal, se encuentren en una situación de vulnerabilidad y al denunciar estos actos, sean sujetos de más amenazas, aislamiento y/o traslados injustificados como mecanismos para generar miedo en las víctimas y sus familias, tal y como ha sido el patrón de actuación de las autoridades penitenciarias.

Al gobierno de Chiapas, le recuerda que el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, ha realizado recomendaciones contundentes al Estado mexicano sobre la incidencia de la práctica de Tortura en nuestro país y en específico la urgencia de garantizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, especializadas en la documentación de casos de tortura y/o acompañamiento de víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley General contra la Tortura.

Refiere que como organización no gubernamental que documenta casos de Tortura y acompaña de manera integral a las víctimas y sus familiares, promoviendo la observancia y la defensa de los derechos humanos, forma parte del proyecto de la Unión Europea: Sociedad Civil Unida contra la Tortura y del Fondo de la Organización de las Naciones Unidas contra la Tortura, además de redes nacionales para erradicar esta violación a derechos humanos.

La Comisión Interamericana ha señalado que “las y los defensores ejercen el necesario control ciudadano sobre los funcionarios públicos y las instituciones democráticas, lo cual los convierte en una pieza irremplazable para la construcción de una sociedad democrática, sólida y duradera y por ello cuando se impide a una persona la defensa de los derechos humanos, se afecta directamente al resto de la sociedad”.