Gabriela Coutiño

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 14 Agos- El Gobierno Comunitario de Chilón y el Centro de Derechos Indígenas A.C (CEDIAC), acusaron al alcalde de la localidad, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, de “boicotear” y “obstaculizar la realización del estudio que realizan antropólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), requisito para que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), lleve a cabo la consulta para determinar las autoridades municipales son o no elegidas mediante el sistema de usos y costumbres.

El Concejo y el Centro denunciaron “la actitud nefasta” del presidente municipal; señalaron que por respeto a la autoridad municipal, el 8 de agosto, los antropólogos sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el ayuntamiento, para dar inicio al recorrido por las comunidades para entrevistar a la ciudadanía.

El 9 el Gobierno Comunitario inició con una asamblea informativa en el domo de Bachajón con representantes de las diferentes regiones quienes se prepararían para recibirlos a los investigadores del INAH.

Sin embargo, el día sábado 10 de agosto dos camionetas pick up conducidas por personas de Chilón interceptaron la camioneta que transportaba a los antropólogos para impedir su llegada a Bachajón para realizar las entrevistas.

Mientras que en el domo de Bachajón, estando ya los representantes del Gobierno Comunitario establecidos con sus bocinas, personal del ayuntamiento bajó sus bocinas boicoteando el evento.

“Para evitar la confrontación y el enfrentamiento los compañeros de Gobierno Comunitario, decidieron cambiar de sede a unas cuadras de distancia para esperar el arribo de los antropólogos que se encontraban en Centro Ch’ich’, quedándose el grupo inconforme en el domo”.

El día 11 de agosto a la entrada de la comunidad de Guadalupe Paxilá un grupo de personas liderada por funcionarios municipales de Chilón entre ellos Santiago Pérez, Regidor del Ayuntamiento y Pedro Hernández Ruiz, Delegado Municipal, intentaron sabotear el trabajo del estudio cultural.

“Eran como a las 10 horas, del domingo 11, cuando llegaron al lugar del evento en la comunidad de Guadalu-pe Paxila, los integrantes del ayuntamiento, en especial el delegado de gobierno Pedro Hernández Gutiérrez y el regidor Santiago Miranda, quienes organizaron un grupo de gentes para bloquearnos el paso, nos amenazaron e intimidaron con sus machetes y piedras; los policías municipales solo que quedaron viendo cómo nos agredían verbal y físicamente; no ofrecieron seguridad a los antropólogos. Ante esta situación decidimos cambiar de sede, logrando realizar el trabajo del día”.

Pero “cuando se trasladaban las camionetas de los antropólogos, de los voceros y de los abogados en el tramo de Temó por la comunidad Yaxtelha’ fueron perseguidos por trabajadores del ayuntamiento -quienes portaban armas- en dos camionetas blancas, tapando el camino violentamente e intimidando y corriendo a los antropólogos, lo que provocó que sólo se quedaran dos personas para realizar el trabajo”.

El día de ayer 12 de agosto, hubo un bloqueo por el grupo de choque a la altura de las canchas, que se encuentra de camino de Ocosingo a Temo, camino por el que deben pasar los antropólogos para ir a la comunidad y continuar con el estudio cultural, logrando retenerlos.

El Concejo informó que “de mutuo acuerdo se decidió terminar el estudio con la última visita el día 12, programada en Jet ha’, para la cual recibimos amenazas de que volverían a bloquearnos el camino, a lo que se decidió cambiar de sede por seguridad de los antropólogos, pero nuevamente fuimos agredidos, ya que estando en la comunidad de Crucero Mapil llegaron servidores del gobierno local, acompañados de una patrulla, así como hombres armados y ebrios, amenazando a los antropólogos y obligándolos a trasladarse a la comunidad para firmar un documento para que se suspenda el estudio cultural, amenazando que si no firmaban los iban a retener, lo cual ocurrió por más de 8 horas”.

Ante tal situación manifestaron que “como pueblo originario tenemos derecho al ejercicio a la libre determinación de gobernarnos bajo nuestro propio régimen normativo tzeltal, así como el derecho de ser consultados sobre cómo que- remos elegir a nuestras autoridades”.

Denunciaron “la actitud ineficaz de la policía estatal y municipal para brindar la seguridad a la población y a los representantes del INAH y del IEPC”.

También exigieron “justicia ante las agresiones a los antropólogos y a los compañeros de Gobierno Comunitario y sus representantes; cumplimiento a nuestros derechos asentados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 169”, así como que el gobierno en sus tres niveles “ponga las condiciones de seguridad para continuar el proceso de consulta como parte del ejercicio a la libre determinación como pueblos originarios de Chilón”

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