Por Gabriela Coutiño / Ethos Laboratorio de Políticas Públicas [*]
El trabajo para la integración del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chiapas tiene un estatus de “congelado” desde la administración de Manuel Velasco Coello (PVEM), finalizada el 8 de diciembre de 2018. A más de seis meses de gobierno, la estructura gubernamental a cargo de Rutilio Escandón Cadenas (Morena), gobernador del estado, no tiene conocimiento de la reactivación del Sistema. Ni muestra interés en impulsarlo.
La razón fundamental del “congelamiento” del Sistema Estatal Anticorrupción es el “reciclaje” de la clase política estatal. Si bien a nivel nacional Morena y Andrés Manuel López Obrador arrasaron electoralmente y así replantearon el panorama político nacional, con Chiapas como parte de esa marea morenista que empequeñeció a los demás partidos y actores políticos, en esta entidad la clase política se ha acomodado a los nuevos escenarios políticos nacionales.
El propio exgobernador Manuel Velasco Coello es miembro con licencia de la actual legislatura del Senado mexicano y en Chiapas, se presume, es operador político del presidente López Obrador. Los dos senadores de mayoría de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar (Morena, antes del PVEM) y Sasil de León Villard (PES), fueron secretario general de Gobierno y secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del gobierno de Velasco Coello, a pesar de que era emanado del PVEM.
Rutilio Escandón Cadenas, gobernador actual, fue parte del sector judicial en el periodo de gobierno pasado (2012-2018), cuando se desempeñó como presidente del Poder Judicial del estado.
Desde su campaña política, Escandón Cadenas ha hecho suyo el lenguaje y el discurso político del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al combate contra la corrupción y la impunidad. Ya como gobernador su postura pública también es de combate a la corrupción.
El martes 18 de este mes el gobernador Escandón Cadenas encabezó la presentación de la campaña “Chiapas contra la corrupción”, donde hizo un llamado a la sociedad a denunciar a las y los servidores públicos que cometan actos ilícitos; llamados que también ha realizado a su gabinete de gobierno durante las reuniones quincenales que la estructura de gobierno organiza. Sin embargo, nada ha comentado sobre la marcha y el estatus a la fecha en Chiapas del Sistema Estatal Anticorrupción.
Al faltar el Estado de Derecho en Chiapas, los rezagos son grandes y complejos. En ese sentido, el gobierno de Escandón Cadenas ha combatido hasta el momento con efectividad las invasiones de tierra. Hasta principios del mes de junio había recuperado más de 2 mil 500 hectáreas.
Adicionalmente a ello ha anunciado que integra 80 denuncias contra notarios del estado por abusos en el ejercicio de sus funciones; respecto a los casos de corrupción de funcionarios públicos, solamente está detenido y sujeto a investigación un exfuncionario de la entonces Contraloría (hoy Secretaría de la Honestidad) acusado de sustraer 8 millones de pesos del erario público, según la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, ningún alcalde o alto funcionario ha sido detenido o investigado por actos de corrupción hasta el momento.
En Chiapas, Morena arrasó electoralmente, pero varias de las alcaldías, diputaciones federales y locales fueron ganadas con políticos que renunciaron al PRI –muy fuerte todavía en las áreas rurales del estado– o al PVEM. El reciclaje de políticos es común en Chiapas desde la alternancia del año 2000, cuando una coalición de partidos políticos le arrebató al PRI la gubernatura.
El saldo del sexenio verde-ecologista (2012-2018) es una deuda de más de 20 mil millones de pesos de acuerdo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión arrastrada desde la administración perredista (2006-2012), y un desaseo administrativo que observa la Auditoría Superior de la Federación en sus informes anuales, incluso con denuncias penales integradas, pero que no han llevado a ninguna rendición de cuentas.
Los casos más mediáticos y que son objeto de querellas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) involucran a dos universidades estatales, funcionarios de gobierno que abarcan un periodo de actividad pública de tres sexenios –incluido el actual– y un esquema conocido como la “Estafa Maestra”. La Universidad Autónoma de Chiapas tiene una deuda reconocida de 2 mil millones de pesos y además una denuncia penal conjuntamente con la Sedesol por el uso de recursos en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Por su parte, la Universidad Politécnica de Chiapas mantiene vigentes dos denuncias, una con la Sedesol y otra denuncia por repetir dicho esquema ahora con la Sedatu.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental realizada por el INEGI en 2017, uno de cada cinco chiapanecos que realizó un trámite gubernamental fue víctima de un acto de corrupción. En percepción de corrupción, nueve de cada 10 consideraron que es frecuente.
La adversidad financiera es un factor
La más grande de las universidades de Chiapas (la UNACH) cuenta con una enorme deuda financiera estructural de más de dos mil millones de pesos que amenaza su viabilidad.
La misma UNACH y la Universidad Politécnica han sido señaladas por ser parte del esquema de corrupción denominado “Estafa Maestra”, junto con dependencias de gobierno también endeudadas con los proveedores, especialmente la Secretaría de Salud, lo que provocó desabasto de medicamentos y una huelga de enfermeras en abril de 2017.
En Chiapas además se cuenta con una deuda del gobierno estatal de 20 mil millones de pesos contratada con los principales bancos y los organismos financieros del país, como Grupo Multiva de la familia Vázquez Raña, BBV Bancomer y Santander Serfín.
El Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, se refirió en la entrevista a asuntos meramente de trámites administrativos. Insistió en que se encontraba trabajando, capacitándose en el tema junto con la estructura administrativa creada y que hay casos específicos en los que se trabaja; pero que por la “secrecía de los casos” no podía comentar al respecto.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, comenta en entrevista que al SEA sólo le hace falta “la parte ciudadana”, sin embargo, afirma que, durante la presente administración, parte de su tiempo lo ha dedicado a integrar los expedientes de casos de corrupción ya identificados y que, por lo tanto, sólo está en espera de “instrucciones” para comenzar a ejecutar las acciones necesarias. Llaven Abarca afirma que los casos que tiene “armados” son de alcaldes y funcionarios públicos locales.
Morena domina las alcaldías estatales, incluidas las ciudades más grandes, Tuxtla Gutiérrez, la capital; Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán. Tiene 28 alcaldías. Además, cuenta con la mayoría en la Cámara de diputados local, con 12 de 40 diputaciones.
Donde sí ha tenido eco la petición de posturas sobre la instalación del sistema local anticorrupción es en la iniciativa privada; sin embargo, los miembros de las organizaciones de empresarios y comerciantes sólo se han reunido en una ocasión para dialogar sobre el SEA.
Los únicos que han hecho público su interés por participar en el sistema local son los miembros del gremio empresarial –incluso a título personal o etiquetados como simples ciudadanos–.
Ante “el olvido gubernamental” y “congelamiento” del sistema, integrantes de la Coparmex impulsaron, junto con organizaciones de la sociedad civil, su propia “Agenda Anticorrupción”, creando plataformas de observación y evaluación con ciudadanos que dan seguimiento a las promesas de campaña de los gobernantes; en la misma situación se encuentra la Canaco, organismo empresarial que solicitó al congreso local información sobre el curso que ha tomado el denominado Sistema Estatal Anticorrupción.
Chiapas fue de los primeros estados que realizó la reforma constitucional para dar paso al nuevo sistema anticorrupción. La ley chiapaneca se publica el 31 de diciembre de 2016.
Los trabajos formales iniciaron en julio de ese año, cuando las secretarías estatales con el perfil requerido integraron grupos de trabajo para analizar las leyes estatales y nacionales. El personal operativo fue capacitado e incluso el Congreso local. El 13 de julio de 2017 el Congreso publicó la convocatoria para integrar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana (CPC).
Tras la convocatoria, la Comisión de Vigilancia del Congreso recibió postulaciones de actores interesados en integrar la Comisión de Selección, pero no avanzó más el proceso de designación. En esta etapa las cámaras empresariales presentaron sus propuestas; por ejemplo, Coparmex postuló a cinco personas como idóneas para ocupar el cargo, pero fueron ignoradas por los diputados locales.
Hasta la fecha no ha avanzado este proceso de nombramientos, y tampoco se advierte en los medios que el nuevo gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, o los nuevos diputados locales promuevan el tema. La administración pública estatal se ha circunscrito a organizar “conferencias magistrales” sobre el tema, con expertos nacionales.
Es precisamente en el proceso de designación de los integrantes que el SEA está congelado o atorado. Además, en el presupuesto de egresos estatales, no hay señales de una asignación presupuestal para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la cual a su vez suple de recursos al CPC.
A pesar de que Chiapas cuenta con todas las leyes locales armonizadas con respecto al SNA, el reporte más reciente de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA, 7 de junio) señala que Chiapas es la segunda entidad más atrasada (sólo después de la CDMX) en la conformación de la estructura operativa de su Sistema Anticorrupción, pues no cuenta con ninguno de sus órganos colegiados, que son la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador; tampoco cuenta con su Secretaría Ejecutiva.
No obstante, la entidad tiene ya varias de las autoridades que formarían parte de su Comité Coordinador. Ya tiene al fiscal anticorrupción (Rogelio Estrada Heleria) y al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA, José Ramón Cancino Ibarra), ambas instancias de nueva creación en el estado, tras la reforma constitucional en materia anticorrupción; así como a los titulares de la Auditoría Superior del estado (aunque el auditor anterior renunció a su cargo, pese a que le quedaban cinco años de mandato), de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, del Consejo de la Judicatura del estado y del organismo de transparencia local.
Sin interés de la clase política
Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), quien participó por parte de la academia en los estudios de las leyes para adecuarlas a la conformación del sistema nacional, señala que, a pesar de la reforma constitucional federal y la emisión de sus leyes secundarias, el sistema nacional está incompleto porque no hay todavía concordancia entre lo que dice la ley y los procesos administrativos que tienen que modernizarse para hacer realidad la ley.
Natarén ofrece un diagnóstico contundente: “el modelo chiapaneco está un paso atrás, el sistema no se ha instalado; mientras que al modelo nacional sólo le falta ampliar las atribuciones a la participación ciudadana”.
Insiste: “en Chiapas no es que no haya resultados, es que no se ha instalado el Sistema Estatal Anticorrupción, y esa falta de instalación dificulta el desarrollo y el resultado de políticas públicas”. El abogado y doctor en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid comenta que en Chiapas “no había interés en echar a andar el sistema. Había miedo en tocar el tema y desconocimiento”.
La ausencia de participación del sector privado
Inquietos porque, hasta el momento, la falta de regulación y resultados sobre el combate a la corrupción incide sobre las actividades económicas, los empresarios chiapanecos identifican que, respecto a la corrupción, el problema por resolver tiene que ver con las “empresas fantasmas” y el “sistema de compras” de la federación y los estados.
Enoch Gutiérrez Cruz, hasta hace poco dirigente de la Coparmex Chiapas, comenta que la aprobación de la reforma para la conformación del SEA y la convocatoria emitida para conformar el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana, fue a espaldas de la ciudadanía, en la última sesión de la anterior legislatura. “Los empresarios nos enteramos de la reforma hasta el mes de febrero de 2018”.
El representante de los empresarios coincide con el rector de la UNACH, en que Chiapas cumplió para cambiar todas las leyes estatales y homologarlas con la nueva ley federal. Pero “el problema es que hasta ahí llegó la voluntad” de la clase política estatal.
Varios empresarios exponen que la Coparmex promovió entre sus socios que participaran en la convocatoria para integrar el Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana de Chiapas, aclarándoles que las designaciones serían a título honorario.
Ante la convocatoria, se inscribieron cinco representantes de Coparmex, de los cuales sólo dos pasaron la primera etapa del proceso de selección. Esos candidatos asistieron a las entrevistas organizadas por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso local. Pero no volvieron a saber nada más de este proceso de designación, que hasta la fecha no se ha resuelto. El representante de los empresarios comenta que han hecho peticiones y no han sido escuchados.
Opacidad del Poder Legislativo estatal
Para la integración de este reportaje se buscó realizar entrevistas a los miembros de la actual legislatura estatal. Sin embargo, varios de ellos declinaron dar una postura o mostraron total desconocimiento del tema.
En entrevista, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz (Morena), admite que el Sistema Estatal Anticorrupción “se encuentra en la congeladora”, pero aseguró que, en la legislatura actual, “no somos indiferentes al tema de fiscalización; eso no significa que no estén siendo vigilados los recursos públicos”.
Toledo afirma que, durante el segundo periodo de sesiones del 1 de abril al 30 de junio de 2019, los diputados locales habrán establecido el compromiso “de poner a caminar el Sistema Estatal Anticorrupción” y constituir la Comisión de Selección, que a su vez integraría al Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, el periodo está por finalizar.
“Huachicoleros del presupuesto”
Jorge López Arévalo, doctor en Economía e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, dice que “no hay voluntad política para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción”.
Afirma que la entidad es uno de los estados más favorecidos por las participaciones federales, pero eso no se refleja en su economía. “Lo que prevalece es la rapiña. Por tanto, no se quiere afectar intereses; esa es la razón por la que retrasan la puesta en marcha del sistema anticorrupción”.
López Arévalo explica que en Chiapas “es la misma clase política que se replica y sólo cambia de camiseta. Son usufructuarios del poder”. Por ello, la clase política trata de eludir ese mandato, hasta que no tengan otro remedio y cuando lo hagan, harán de esa institución, “un ente disfuncional”.
Doctorado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, el académico comenta la situación de la iniciativa privada chiapaneca: “Su problema es que está ligada a los recursos gubernamentales; no hay emprendedurismo y, por lo tanto, la clase empresarial responde a los mismos intereses del sector público”.
Para el investigador, la situación que se avizora es de muchas complicaciones porque “Chiapas es un estado quebrado”, puesto que los integrantes de la clase política local son “huachicoleros del presupuesto”.
López Arévalo sostiene que Chiapas es un “estado empleador”. Que lo único que realiza la clase política es “administrar la crisis y la anemia de recursos, porque en el estado hay deudas de corto y largo plazos”.
Vaticina que, ante la situación actual, “no hay manera de que Chiapas transite hacia otra etapa de desarrollo” porque además sus indicadores económicos señalan que “la entidad decrece”. A ello se añade la corrupción, concluye.
[*] Este reportaje forma parte de “¿Qué nos frena? El bloqueo político del combate a la corrupción”, un proyecto de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, que contó con la coordinación general de Salvador Frausto, Liliana Alvarado, Dalia Toledo, Isaak Pacheco, César Sánchez y Silvia Márquez. Investigación sobre los SEA: Inés García Ramos (Baja California), Maurizio Montes de Oca (Ciudad de México), Gabriela Coutiño (Chiapas), Marco Antonio López (Chihuahua), David Espino (Guerrero), Melva Frutos (Nuevo León), Adriana Varillas (Quintana Roo), Alejandro Torres (San Luis Potosí), Alexis Pérez (Tabasco) e Israel Hernández (Veracruz). Verificación de datos: Osvaldo Anaya. https://ethos.org.mx/
