Gabriela Coutiño
Tuxtla Gutiérrez, Chis. 31 Mayo.- La Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica, integrada por 42 organizaciones de nueve países, exigió al gobierno de México “cumpla y sea congruente con su compromiso de implementar una política migratoria de respeto a los derechos humanos y no represión”.
La Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, conformada por más de cien agrupaciones nacionales e internacionales, luego de realizar un recorrido de dos días por la frontera pidió “asignar presupuesto económico desde el Poder Legislativo, garantizando recursos suficientes para la operatividad efectiva de las instituciones responsables de la atención y protección de las personas migrantes y refugiadas”.
Además de sostener “una política pública permanente contra cualquier forma de discriminación, racismo y xenofobia” y “garantizar la atención integral e inmediata en materia de salud a la población migrante y refugiada, priorizando a niñas, niños y mujeres embarazadas, más aún mientras se encuentren en centros de detención migratoria”.
En conferencia de prensa demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “transitar de una política de Estado en materia de movilidad humana basada en la seguridad nacional, a una centrada en la seguridad humana; garantizar una coordinación de los tres niveles de gobierno, que permita construir una respuesta integral, efectiva y garantista de derechos humanos, asegurando la participación real de las organizaciones de derechos humanos”, así como “eliminar la detención migratoria como práctica generalizada de represión y control de las personas migrantes y necesitadas de protección internacional”.
En el informe la Misión exigió “ofrecer información clara, completa y accesible sobre las formas y trámites de acceso a la protección internacional y a la regularización migratoria, para evitar la incertidumbre y la desincentivación, y erradicar la corrupción y los abusos” y “garantizar el derecho a defender derechos humanos de quienes ofrecen ayuda humanitaria, apoyo y asesoría, sin obstaculizar ni criminalizar el trabajo de las personas y organizaciones defensoras”.
En su recorrido por la frontera sur y diversos puntos de la costa, la Misión señaló que continúa y se agudiza un enfoque de seguridad militarizada por encima del respeto y protección de los derechos humanos de las personas en movilidad.
“Documentamos múltiples puntos de control migratorio con fuerte presencia de fuerzas de seguridad del Estado, particularmente policía federal y policía militar, sin que haya claridad sobre sus funciones y facultades en el contexto migratorio. Observamos que es una práctica de Estado sistemática e intencional, que es incongruente con el discurso oficial de una política migratoria respetuosa de los derechos humanos”.
Asimismo, identificaron “una estrategia de desgaste y contención, que tiene la intención de generar cansancio, desmovilización y disuasión de las personas ante el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización, así como restringir y criminalizar la movilidad humana.
“El manejo de los procedimientos de acceso al derecho a la protección internacional o a permisos de estancia por parte de la autoridad están deliberadamente burocratizados por las autoridades para dilatarlos al máximo y desalentar a las personas que quedan atrapadas en ellos”.
Se documentó también “que la detención migratoria funge como estrategia de represión y castigo. En ese sentido, se han intensificado las redadas y los operativos de control migratorio a lo largo de toda la costa, y las condiciones de la detención migratoria, de por sí violatorias de los derechos humanos, se han recrudecido, llegando a constituir formas de tortura física y psicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Igualmente, identificamos prácticas racistas y xenófobas que discriminan grupos específicos”.
Entre las agrupaciones que conforman la Misión están la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, integrada por 42 organizaciones en 9 países; los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Digna Ochoa y Fray Matías de Córdova, American Friends Service Committee, Médicos del Mundo y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de México.
