Alrededor de 16 mil ciudadanos chiapanecos fueron los que perdieron su derecho al voto al ser apadronados en 42 países diferentes para concretar así el fraude electoral del que salió beneficiado el ex-diputado Roberto Pardo Molina del PVEM.
Como se dio a conocer desde hace varios días el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC) contrató a la empresa DSI Elecciones S.A. de C.V para que manejara el Programa para la implementación del voto electrónico de los chiapanecos residentes en el extranjero para la elección de diputados en el proceso loca.
En las cláusulas del contrato firmado por el IEPC y DSI Elecciones en el apartado décimo cuarto el prestador de servicio garantiza el óptimo funcionamiento del sistema conforme a las especificaciones presentadas en la propuesta y descritas en el Anexo A Descripción del Proyecto.
En ese mismo apartado se especifica que la responsabilidad de DSI Elecciones en relación con la garantía consistirá en ajustar, reparar o reemplazar funciones defectuosas que causen una operación anormal del sistema, sin costo, para el instituto.
En el Anexo A en el apartado de Recepción de Solicitudes y Registro se menciona que aquellos chiapanecos que hayan realizado el registro al programa en el portal de internet mediante el formato de solicitud de inscripción a la lista nominal de internet recibirán un correo electrónico en donde vendrá la confirmación de que la solicitud fue aceptada así como un vínculo de acceso (link) al sistema de contraseñas.
Aparentemente la empresa adicionalmente y como medida de seguridad enviaría otro enlace de acceso utilizando un canal seguro cifrado para que éste conociera su contraseña y le permitiera al ciudadano emitir su voto electrónico de manera aleatoria y cifrada.
Posterior a la recepción de solicitudes, la empresa enviaría al INE la información recabada para la validación de los registros y realizara la compulsa a la lista nominal.
Seguido de la validación el INE entregaría al IEPC la lista nominal quienes en teoría tenían que la base de datos estuviera lista para almacenar los votos.
Tanto el INE, el IEPC como la empresa encargada de llevar a cabo la votación tenía que resguardar y vigilar la base de datos, sin embargo no solo no vigilaron que se llevara un proceso limpio, sino que fueron parte al ver alteradas las listas nominales o bien alterarla ellos mismos.
La empresa DSI Elecciones deberá dar a conocer los correos electrónicos a los cuales se envió las llaves para acceder a las votaciones, que era una de los principales candados para proteger al ciudadano.
