En la mira / Héctor Estrada

Con argumentos evidentemente discriminatorios y en un claro desacato al resolutivo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de Chiapas decidió interponer un “recurso de revisión” contra el amparo otorgado a 51 personas para legalizar los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo en Chiapas.

Aunque parezca increíble, tomando en cuenta nueva realidad jurídica y las directrices internacionales en materia de derechos humanos, el legislativo estatal ha optado por abordar el camino más sinuoso en torno al tema del matrimonio igualitario en Chiapas, donde los señalamientos y el descrédito para la legislatura chiapaneca serán una factura inevitable.

Para recapitular un poco, el pasado 27 de febrero el Juzgado Segundo de Distrito resolvió como inconstitucionales los artículos 144, 145 y 298 del Código Civil estatal, por lo que concedió un amparo en favor de 51 personas y sus parejas para poder contraer matrimonio de manera legal en la entidad chiapaneca.

El resolutivo fue sustentado con base a lo dictaminado hace dos años por la SCJN que declaró inconstitucional los párrafos del código civil que limitaban el matrimonio como un derecho exclusivo de las parejas heterosexuales, por lo que instó –desde ese entonces- a todas las entidades federativas a realizar las reformas que armonizaran los códigos locales con las nuevas disposiciones federales.

El reclamo de leyes equitativas, en donde está incluido el matrimonio igualitario, no es una ocurrencia surgida de la noche a la mañana, se trata de derechos universales fundados en acuerdos internacionales con ya varios años de vigencia y en el propio artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trata de acuerdos internacionales firmados por México, como Los Principios de Yogyakarta en sus apartados 1, 2, 3 y 24; la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas en sus puntos 1, 2, 3, 10 y 11; o simplemente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en sus artículos 1 y 25.

Aún con todos estos documentos básicos en materia de jurisprudencia y derechos humanos, los diputados chiapanecos decidieron contraponerse a lo que marca la ley y desafiar al máximo órgano de justicia a nivel nacional. No sólo no acataron la recomendación emitida por los tribunales federales, si no pidieron revocar la resolución.

Sin embargo, lo que resulta más vergonzoso son los argumentos utilizados para solicitar el recurso de revisión. El documento, en lugar de leerse como un texto jurídico emanado de un legislativo estatal, parece todo un discurso moralista salido una de las tantas doctrinas eclesiásticas donde se enjuicia a la preferencia sexual como algo que “atenta contra la familia”.

De manera textual, el legislativo chiapaneco calificó al amparo que permitiría a la población homosexual poder acceder al matrimonio como un acto que: “agravia al Congreso Local, transgrede la institución jurídica preestablecida en la concepción natural o jurídico-cultural que da pauta al matrimonio y figuras que surgen como consecuencia de ello”.

En sus argumentos legales, el legislativo estatal va más allá. Hace diferencias entre las relaciones amorosas de las parejas heterosexuales y homosexuales, comparando este tipo de relaciones entre personas del mismo sexo con las que se sostienen entre “un hijo y un padre, entre hermanos o entre amigos”.

Los argumentos evidentemente discriminatorios, fuera de toda lógica jurídica y carentes de sustento resultan un agravio no sólo para la población homosexual, sino para todos aquellos involucrados en la defensa de los derechos humanos. Aquí deberán salir todas las voces sin distingo para pedir explicaciones al poder que se supone debería representar a todos los sectores sin distinción alguna.

Y es que, lamentablemente, este es un hecho que habla de la carencia de buenos legisladores, de verdaderos representantes populares, de diputados realmente preparados para abordar temas que requieren de cabeza fría, de un Congreso chiapaneco de poca altura que antepone los “compromisos morales” antes que a la ley misma.

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